En una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades desmantelaron un entramado empresarial dedicado a suministrar armas de fuego a grupos al margen de la ley en los territorios en los que operan.

La investigación reveló que tres empresas de seguridad vinculaban a individuos con antecedentes penales como escoltas y coordinadores de escoltas, otorgándoles armamento con salvoconductos legales para su transporte en todo el país.

El operativo resultó en la captura de los representantes legales de las compañías, quienes enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

Según la Fiscalía, estas empresas registraban a criminales como empleados de vigilancia privada, permitiéndoles acceder a armamento sin levantar sospechas.

El modus operandi incluía el alquiler de armas de fuego bajo la apariencia de un servicio de escoltas, lo que permitía a los beneficiarios movilizarse sin restricciones. Entre los clientes frecuentes, según la investigación, figuraría el Clan del Golfo y otras organizaciones de delincuencia organizada.

Durante la revisión documental, se identificó que al menos 60 de los escoltas vinculados a estas empresas tenían antecedentes penales, algunos con historial en las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. También se determinó que, en caso de incautación de las armas durante operativos policiales, las compañías lograban recuperarlas con relativa facilidad debido a que cumplían con los requisitos legales.

“Junto a las capturas se procedió a aplicar la extinción del derecho de dominio a ocho bienes muebles e inmuebles avaluados en más de 1.800 millones de pesos, así como la incautación de más de 100 armas de fuego que serán sometidas a estudios balísticos para determinar si fueron utilizadas en algún homicidio”, señaló el general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional.