En Colombia se registró, en promedio, una extorsión cada 39 minutos durante 2025, según un estudio presentado este martes 20 de octubre por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). El informe revela que los casos aumentaron aproximadamente un 37 % entre 2022 y 2025, al pasar de 9.791 a 13.428 denuncias registradas. Esta problemática también ha tenido manifestaciones en Casanare, donde investigaciones de las autoridades han identificado presuntas redes de extorsión que operaban en municipios como Villanueva, Monterrey, Maní, Yopal y Aguazul.
Uno de los hallazgos del estudio está relacionado con el origen de las amenazas. Según estimaciones de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE), cerca del 70 % de las llamadas extorsivas se origina en establecimientos carcelarios, una cifra que corresponde a las comunicaciones y no a la totalidad de los casos denunciados. El diagnóstico también señala que menos del 20 % de los hechos reales llega a conocimiento de las autoridades mediante una denuncia. Durante los primeros cuatro meses de 2026 se reportaron 3.936 casos en el país, un incremento del 8 % frente al mismo periodo del año anterior.
Esta modalidad tiene antecedentes recientes en Casanare. En marzo de 2026, la Policía Nacional reportó la captura de seis presuntos integrantes de una estructura conocida como Los Panfleteros, que habría utilizado el nombre de Renacer ERPAC para intimidar a comerciantes, ganaderos y transportadores. Según las investigaciones, las exigencias económicas oscilaban entre $500.000 y $10 millones, y las actividades delictivas se extendían por Villanueva, Monterrey, Maní, Yopal y Aguazul. Las autoridades relacionaron la investigación con el esclarecimiento de 13 hechos de extorsión.
Las investigaciones también permitieron identificar presuntas conexiones con personas privadas de la libertad. En un reporte divulgado en abril, la Policía señaló a alias “Gonzalito”, recluido en Cartagena, como presunto coordinador de actividades relacionadas con la distribución de panfletos, cobros y atentados. Asimismo, identificó a alias “Andresito”, recluido en la cárcel El Pedregal, como presunto responsable de impartir órdenes para cometer actividades delictivas. Entre las modalidades investigadas figuraban amenazas mediante mensajes, fotografías de establecimientos comerciales, videos intimidatorios y disparos contra fachadas. Estos antecedentes muestran cómo las extorsiones investigadas en Casanare podían involucrar tanto a personas en libertad como a presuntos coordinadores desde centros penitenciarios.
Frente a este panorama, el DNP propuso la formulación de un documento CONPES contra la extorsión, acompañado de 27 acciones distribuidas en prevención, articulación entre autoridades y atención integral a las víctimas. Entre las medidas planteadas se encuentran el fortalecimiento de las unidades Gaula, la revisión de bloqueadores de señal en cárceles y la creación de canales seguros de denuncia. El organismo también advirtió sobre el uso creciente de herramientas digitales para cometer este delito. Las personas que sean víctimas de extorsión o reciban amenazas pueden comunicarse de manera gratuita y confidencial con la línea 165 del Gaula.
