El Concejo Municipal de Villanueva, Casanare, recibió este martes el Proyecto de Acuerdo 009 de 2025, que plantea delegar al alcalde la facultad de legalizar asentamientos informales hasta diciembre de 2027. La radicación ocurre en medio de una advertencia de la Secretaría de Salud de Casanare sobre la inviabilidad sanitaria del agua en sectores involucrados en una acción popular vigente por presuntos loteos ilegales.
La iniciativa fue presentada por el concejal Juan Carlos Caldas Ramírez y quedó en manos del concejal José María Téllez como ponente. Ahora será estudiada por la Comisión Primera, antes de ser debatida en sesión plenaria.
El acuerdo busca otorgar al alcalde competencias para iniciar procesos de legalización urbana conforme al artículo 48 de la Ley 9 de 1989. Esto permitiría incorporar al perímetro urbano ciertos sectores con viviendas construidas sin licencias, y adelantar su regularización técnica, jurídica y urbanística.
Sin embargo, este trámite coincide con el concepto entregado por la Secretaría de Salud de Casanare al Juzgado Cuarto Administrativo de Yopal, en respuesta a un requerimiento del 15 de mayo. El documento concluye que los asentamientos señalados presentan un “índice de riesgo en calidad del agua inviable sanitariamente”, tras analizar puntos de muestreo en los sectores objeto de una acción popular por presuntos loteos ilegales.
En paralelo, el abogado Elkin Almonacid, accionante de esa acción judicial, radicó una denuncia formal y nuevas solicitudes al municipio. Entre ellas, se incluye el cumplimiento inmediato de medidas cautelares y la verificación del cumplimiento de sentencias previas relacionadas con la legalidad de los asentamientos.
A pesar del contexto judicial y sanitario, el proyecto de acuerdo establece que el alcalde deberá emitir en un plazo máximo de seis meses el acto administrativo que reglamente los procedimientos. También deberá conformar un Comité Técnico de Legalización e implementar un Plan de Gestión del Hábitat, en línea con el Decreto 1470 de 2024, como marco de planificación integral.
La radicación del proyecto abre un nuevo debate entre la necesidad de legalizar asentamientos informales y las condiciones mínimas de salubridad que deben garantizarse. El avance de esta iniciativa dependerá ahora del análisis técnico y jurídico que realice el Concejo Municipal, en un contexto marcado por preocupaciones sobre salud pública, ordenamiento territorial y legalidad.
