El presidente Gustavo Petro solicitó a su gabinete firmar con urgencia el decreto que convoca a una Consulta Popular para someter a votación las reformas laboral y a la salud. La intención es realizar la jornada entre agosto y septiembre de 2025.

Aunque el documento ya está redactado, su publicación ha generado cuestionamientos desde distintos sectores. El Consejo Gremial, centros de estudio como Dejusticia y varios partidos políticos advierten que convocar por decreto, sin pasar por el Congreso, podría ser inconstitucional y vulnerar la separación de poderes.

Desde la Corte Constitucional, su presidente Jorge Enrique Ibáñez hizo un llamado a preservar el orden democrático, mientras líderes políticos han señalado que esta iniciativa podría tener un trasfondo más electoral que legislativo.

La convocatoria aún no se ha oficializado, pero el debate ya evidencia un nuevo punto de tensión entre el Ejecutivo y otras ramas del poder público.