En medio de la crisis de orden público en el Cauca, el presidente Gustavo Petro planteó este 8 de septiembre la posibilidad de reanudar la fumigación aérea de cultivos de coca con glifosato, suspendida desde 2015 por decisión judicial. El anuncio se produjo tras la retención y posterior liberación de 45 soldados en el municipio de El Tambo, un hecho atribuido a la presión de disidencias de las Farc sobre campesinos de la zona.
“Dada la táctica mafiosa de oponer personal civil al Ejército, la Corte Constitucional debe reconsiderar su sentencia. Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea”, escribió Petro en su cuenta de X. El mandatario, que había sido crítico de esta estrategia durante más de tres años, cambia así su posición frente a un tema históricamente polémico en el país.
La propuesta choca con la jurisprudencia vigente. La Corte Constitucional, en la sentencia T-236 de 2017, condicionó cualquier programa de aspersión con glifosato a la realización de consulta previa con comunidades indígenas y afrodescendientes, al advertir riesgos para la salud y el ambiente.
La retención de los militares se dio en un área con alta presencia de cultivos ilícitos y dominio del grupo disidente Carlos Patiño, integrante del Estado Mayor Central. Desde octubre de 2024, las Fuerzas Militares adelantan allí la Operación Perseo para recuperar el control del cañón del río Micay, una de las zonas con mayor concentración de coca en Colombia.
Según el Informe Mundial sobre Drogas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia concentra el 67% de los cultivos de hoja de coca a nivel global y registró un aumento del 53% en producción hasta 2023, alcanzando un récord de 3.708 toneladas de cocaína y 253.000 hectáreas cultivadas en el territorio nacional.
El giro del presidente se produce además mientras en Washington se evalúa la posibilidad de declarar la “desertificación” de Colombia en la lucha antidrogas, lo que podría tener implicaciones en la cooperación bilateral.
