Un proceso judicial en curso mantiene la atención de la comunidad en Villanueva, Casanare, tras las actuaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación contra cinco personas vinculadas al centro de enseñanza automovilística Cea Car. La investigación se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la expedición de certificados de aptitud para conducir sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos.

El caso tomó visibilidad pública tras el operativo ejecutado el pasado 15 de septiembre, cuando unidades de la Policía y la Fiscalía materializaron órdenes de captura, allanamientos e incautación de elementos probatorios dentro del establecimiento comercial. Las audiencias preliminares se desarrollaron los días 16 y 17 del mismo mes ante un juez de control de garantías.

De acuerdo con el ente acusador, los hechos investigados se relacionan con la expedición de certificados de actitud a ciudadanos que no habrían asistido a clases teóricas ni prácticas, valiéndose presuntamente de mecanismos de simulación para validar su presencia en plataformas de registro biométrico. Entre las evidencias expuestas se incluyen interceptaciones telefónicas, declaraciones de agentes encubiertos, testimonios de usuarios y los resultados de una auditoría externa.

La investigación inició en 2023, tras dos denuncias ciudadanas que advertían sobre presuntas certificaciones irregulares en la escuela de conducción. Esto dio paso a interceptaciones telefónicas por un periodo de 180 días sobre dos líneas, una de ellas vinculada al representante legal del establecimiento, de las cuales se extrajeron más de seis mil grabaciones. Paralelamente, un informe técnico elaborado por una firma consultora evidenció inconsistencias en los registros académicos de más de 300 personas, tanto en módulos teóricos como prácticos, lo que llevó a la Fiscalía a verificar estos casos mediante entrevistas, análisis biométricos y otras pruebas que, en varios casos, no coincidían con la versión entregada por los usuarios.

La Fiscalía imputó cargos por concierto para delinquir, acceso abusivo a sistemas informáticos y falsedad en documento privado. Según la acusación, existía una estructura operativa que permitía certificar a personas sin cumplir los requerimientos mínimos exigidos para obtener licencias de conducción.

Los abogados defensores cuestionaron la formulación de los cargos, alegando imprecisiones en la individualización de las conductas atribuidas, errores normativos en la interpretación de los tipos penales y falta de conexión directa entre los hechos y sus representados, además de dejar constancia que el proceso podría tener un vicio de procedimiento desde la etapa de expedición de ordenes de captura por un posible impedimento relacionado a conflicto de interes que tendría el juez de control de garantías que atendió la solicitud de la fiscalía.

El juez de control de garantías validó formalmente la imputación, al considerar que la Fiscalía cumplió con los requisitos procesales establecidos por el Código de Procedimiento Penal. No obstante, al evaluar la solicitud de medida de aseguramiento, el juez concluyó que no se cumplían los criterios exigidos por la ley para privar de la libertad a los implicados. En su análisis, señaló que no se había acreditado una inferencia razonable de autoría ni la necesidad de imponer una medida restrictiva, por lo que fue negada.

Actualmente, el caso ha sido trasladado al juzgado de conocimiento del circuito de Monterrey, donde se resolverán las apelaciones presentadas tanto por la Fiscalía como por la defensa frente a la decisión del juez de garantías. El proceso sigue en etapa preliminar y no se ha emitido sentencia de responsabilidad alguna. Las personas involucradas continúan vinculadas a la investigación, conservando plenamente sus derechos constitucionales y procesales.

Ante la creciente inquietud en la comunidad sobre la validez de los certificados emitidos, el comandante de la Policía en Casanare, coronel Pablo Galindo, señaló en rueda de prensa ofrecida a medios de comunicación en Yopal que “estas personas deberán ser reglamentadas y, por parte de la Fiscalía, se realizará la solicitud de activación administrativa para la cancelación de las licencias de tránsito que no cumplieron con los requisitos establecidos”. Agregó que en el procedimiento también se llevó a cabo la inmovilización de 13 vehículos, avaluados en más de dos mil millones de pesos, los cuales fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).