Este proyecto de vivienda de interés social, completa más de 1 año suspendido. Según la oficina de vivienda, la empresa ejecutora Fondo Mixto Sierra Nevada debe entregar un informe técnico sobre los ajustes a la obra, para permitir la continuidad en el proceso de revisión administrativa que debe realizar la alcaldía municipal. Por otro lado, la junta de vivienda Santa Clara sostiene un proceso judicial por una sanción económica de más de 800 millones de pesos desde hace 5 años.
La iniciativa, que hoy reúne a 40 familias organizadas en la Junta de vivienda comunitaria ciudadela Santa Clara, tuvo su origen en un primer intento hace más de 10 años, cuando no se logró concretar un plan de vivienda con la administración municipal de esa época en cabeza de Alexander Bohórquez. Así lo relató Jefferson Barrera presidente de dicha Junta.
Para lograr su objetivo, las familias realizaron actividades comunitarias y lograron reunir los fondos necesarios para adquirir el lote que luego fue cedido a la Alcaldía, durante el periodo del exalcalde Oswal Fontecha, con el propósito de levantar allí las viviendas de interés social.
El proyecto, que tiene por contratista al Consorcio Vimar Villanueva y como firma interventora a INGECC ingeniería y Consultoría SAS, tiene un valor superior a los 4.500 millones de pesos. La obra inicio su construcción el 15 de diciembre de 2023, con una proyección a 6 meses con terminación el 14 de junio de 2024, sin embargo, a 22 meses del inicio de la obra, las mesas de dialogo entre comunidad y organismos públicos son quienes mantienen activos los compromisos que permitirían la continuidad del proyecto.
De acuerdo con la información recolectada, en septiembre del presente año, hubo una reunión con presencia de la Oficina de Vivienda, líderes comunitarios y la Personería Municipal, se pactaron diversos acuerdos entre la administración y la junta Santa Clara. La administración municipal envió un oficio a personería, en donde manifiestan no poder seguir con sus labores, hasta que el Fondo Mixto Sierra Nevada presente un informe final que, de paso a la viabilidad del desembolso adicional para la obra, el cual se tiene previsto por aproximadamente 556 millones de pesos, que cubre tanto la obra como la interventoría.
Por otro lado, la junta de vivienda aún no soluciona un lio jurídico relacionado a una cuantía que pesa por más de 800 millones de pesos, evidenciado en el Sistema de Información del Boletín de Responsabilidad Fiscal (SIBOR). Según lo expuesto, por el apoderado judicial de la junta, la defensa trabaja en la prescripción del proceso, pues desde 2019 han venido desarrollando el caso alrededor del auto N°679 de la contraloría.
La comunidad asegura que mantiene la expectativa de que el proyecto pueda ser reactivado y que se respete el esfuerzo realizado para adquirir y donar el terreno donde se construyen las viviendas.
