En el calendario electoral de 2026, las restricciones de la Ley de Garantías Electorales comenzarán el 8 de noviembre de 2025, cuando quedará prohibida la firma de convenios interadministrativos que impliquen ejecución de recursos públicos. A partir del 31 de enero de 2026 también se suspenderá la contratación directa en la mayoría de las entidades estatales. Este periodo se extenderá hasta el 31 de mayo de 2026, o hasta el 21 de junio si se realiza una segunda vuelta presidencial.

La Ley de Garantías, vigente desde 2005, busca proteger la transparencia del proceso electoral y evitar que los recursos del Estado se utilicen con fines políticos. Su propósito es garantizar que todos los candidatos compitan en igualdad de condiciones, limitando la contratación pública y el manejo presupuestal en los meses previos a las elecciones.

Durante ese tiempo, las entidades públicas no pueden crear nuevos cargos, modificar la nómina ni celebrar contratos que puedan interpretarse como un beneficio electoral. Solo se permiten excepciones en casos de emergencia, defensa nacional, salud pública o cumplimiento de procesos de carrera administrativa.

Para los contratistas y administraciones locales, esto significa que deben planificar con anticipación los procesos de contratación, ejecución de obras y uso de recursos, ya que cualquier trámite iniciado dentro del periodo de restricciones deberá ajustarse estrictamente a lo establecido por la ley.

Más allá de una limitación, la Ley de Garantías busca reforzar la confianza ciudadana en las instituciones, promover la transparencia y asegurar que el uso del dinero público se mantenga al margen de los intereses electorales.