El portaaviones USS Gerald R. Ford y su grupo de ataque ingresaron al área de control del Comando Sur de Estados Unidos, que abarca América Latina, como parte de un operativo dirigido por la administración de Donald Trump contra el tráfico de drogas. La información fue confirmada el 11 de noviembre por funcionarios estadounidenses citados por la agencia Reuters y ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas con el gobierno de Venezuela.
Se trata del portaaviones más grande y tecnológicamente avanzado de la flota estadounidense. Su arribo a la región representa un incremento significativo en la presencia militar de EE. UU. en el Caribe y aguas adyacentes, tras una directriz presidencial emitida el pasado 24 de octubre. Este movimiento se enmarca en una operación iniciada en agosto para combatir rutas marítimas de narcotráfico, que ha incluido acciones letales contra embarcaciones identificadas como “narcolanchas”.
El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que el objetivo del despliegue es “reforzar la capacidad de EE. UU. para detectar, monitorear e interrumpir a actores y actividades ilícitas que comprometan la seguridad y la prosperidad” nacional. El gobierno estadounidense ha sostenido públicamente que el ejecutivo venezolano mantiene presuntos vínculos con el denominado Cartel de los Soles, una afirmación que Caracas niega.
La presencia del Gerald R. Ford generó una reacción inmediata en Venezuela. El Ministerio de Defensa de ese país anunció la activación de una nueva fase del plan “Independencia 200”, alegando amenazas externas. Las tensiones también se han extendido a Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro expresara su desacuerdo con el operativo militar. En respuesta, el mandatario estadounidense lo acusó de presuntos nexos con el narcotráfico y lo incluyó en la llamada “lista Clinton”, sin que se hayan presentado pruebas públicas que respalden esas afirmaciones.
De acuerdo con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el 9 de noviembre se realizaron dos nuevos ataques contra embarcaciones en el Caribe. Estos dejaron al menos seis personas muertas, elevando a 76 el número de fallecidos desde el inicio del operativo. Las autoridades estadounidenses los han señalado como narcotraficantes, aunque hasta ahora no se han revelado pruebas que sustenten dicha clasificación.
Diversos organismos internacionales han expresado preocupación por el desarrollo de estas acciones. El Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Volker Türk, y la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, han calificado los ataques como posibles ejecuciones extrajudiciales. Ambas instancias solicitaron su detención inmediata y una investigación independiente.
Mientras tanto, legisladores demócratas en los comités de inteligencia del Congreso de Estados Unidos continúan solicitando explicaciones sobre los criterios legales y operativos que sustentan la actual ofensiva militar. Hasta la fecha, no se ha ofrecido información detallada sobre los objetivos específicos, el alcance temporal ni el grado de colaboración con fuerzas latinoamericanas.
El despliegue del USS Gerald R. Ford se suma a una creciente estrategia militar estadounidense en América Latina que, bajo el argumento del combate al narcotráfico, ha reconfigurado el panorama geopolítico de la región. Su impacto sigue siendo motivo de debate entre gobiernos, organismos internacionales y analistas.
