El Ministerio de Defensa ordenó una investigación interna para esclarecer las presuntas infiltraciones de las disidencias de las FARC en entidades del Estado, luego de que Noticias Caracol revelara correos, chats y documentos incautados a integrantes de ese grupo armado que apuntarían a contactos y encuentros entre jefes disidentes y funcionarios activos. La decisión fue confirmada por el ministro Pedro Sánchez, quien afirmó en su cuente de X que “ningún acto de ilegalidad será tolerado”.
Los hallazgos difundidos por Noticias Caracol incluyen comunicaciones atribuidas a alias “Calarcá”, considerado uno de los mandos del Estado Mayor Central. En esos mensajes se mencionan supuestos acercamientos con el general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal del Ejército, y con Wilmer Mejía, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Según El Heraldo, parte del material encontrado consistiría en correos, chats y fotografías que sugieren reuniones destinadas a crear una “empresa de seguridad fachada”, con participación de hombres armados pertenecientes a las disidencias.
El Universal señaló que en los mensajes también se mencionan ofrecimientos de garantías para que los disidentes pudieran movilizarse sin ser detenidos, bajo el argumento de que esos contactos les otorgarían protección institucional. Otro de los puntos controvertidos es la referencia a supuestos apoyos irregulares durante la campaña presidencial de 2022, un elemento que continúa en verificación y que aún no cuenta con un pronunciamiento judicial definitivo.
La investigación del Ministerio de Defensa busca establecer si hubo tráfico de influencias, alianzas irregulares o compromisos adquiridos por servidores públicos con estructuras armadas. De acuerdo con el ministro Sánchez, las indagaciones incluirán verificaciones en el Ejército, la Policía y la Dirección Nacional de Inteligencia.
Un análisis paralelo recogido por la agencia EFE y replicado por Eje21 indica que las disidencias habrían alcanzado un “alto grado de infiltración” en varias instituciones estatales, lo cual coincide con los hallazgos digitales obtenidos por las autoridades en operativos recientes. Las comunicaciones revisadas mostrarían contactos dirigidos a obtener información estratégica, facilidades logísticas y posibles beneficios judiciales.
Aunque hasta el momento no existe un informe oficial que confirme la autenticidad y el contexto completo de los documentos filtrados, la magnitud de lo revelado ha generado preocupación en sectores políticos y académicos, especialmente por el riesgo que implica para la seguridad institucional. La Procuraduría y la Fiscalía podrían abrir procesos derivados de estas revelaciones, dependiendo de los resultados de la investigación ordenada por el Ministerio de Defensa.
Desde distintos sectores se ha insistido en que la verificación debe ser rigurosa, dado que el caso involucra a organismos clave de seguridad y a funcionarios con posiciones estratégicas. Por ahora, la cartera de Defensa mantiene bajo reserva los avances iniciales de la indagación, mientras continúa analizando el material entregado por los organismos de inteligencia.
Redactado por: Aldair Cuartas
