La fiscalía general de la Nación pidió a un tribunal de Bogotá la imputación de cargos y la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), en el marco de la investigación por irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La solicitud se basa en testimonios y material probatorio recopilado durante la investigación, y apunta a delitos como concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.
Según la Fiscalía y las coberturas periodísticas que han seguido el caso, los señalamientos parten de declaraciones de colaboradores y exfuncionarios de la UNGRD —entre ellos Olmedo López (exdirector), Sneyder Pinilla (exsubdirector) y personas que han aceptado criterios de oportunidad— que describen un esquema para direccionar contratación y liberar recursos a favor de contratistas vinculados con congresistas, a cambio de apoyo legislativo. En algunos reportes se menciona, además, la intervención de intermediarios y asesores cercanos a los exministros.
Los medios han reproducido detalles que la Fiscalía evaluará en audiencia. Las investigaciones identifican maniobras para destinar recursos de la UNGRD hacia contratistas que luego habrían favorecido a congresistas, y que ese circuito de traslado de fondos habría sido coordinado desde instancias ministeriales y de la entidad de riesgo. En el expediente figura, según las publicaciones, el direccionamiento de contratos por montos importantes y la participación de asesores que habrían gestionado pagos o beneficios.
Los exministros han negado las imputaciones en las declaraciones públicas recogidas por la prensa; sin embargo, las pruebas que la Fiscalía menciona en su escrito incluyen testimonios, documentos y, según algunos medios, registros sobre la gestión de contratos y comunicaciones entre funcionarios. El ente investigador fundamenta su solicitud de medida de aseguramiento en el riesgo procesal y la gravedad de los hechos atribuidos, que, de ser probados, configurarían delitos de especial impacto en la administración pública.
El caso UNGRD ha acumulado en 2025 una serie de avances judiciales, colaboraciones con la justicia por parte de funcionarios y la apertura de procesos contra congresistas y contratistas; organismos como Transparencia por Colombia han reportado vacíos en los procesos de contratación y prioridades de investigación. Las decisiones recientes de la Fiscalía se dan, además, en un contexto político sensible: el gobierno de Gustavo Petro ha señalado la lucha contra la corrupción como una de sus banderas, por lo que los episodios judiciales con exfuncionarios golpean la percepción pública sobre ese compromiso.
Redactado por: Aldair Cuartas
