Un total de 16 gobernadores del país anunciaron que no aplicarán las disposiciones tributarias contenidas en el Decreto 1474 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, al considerar que varias de sus medidas afectan la autonomía fiscal de los departamentos. Los mandatarios informaron que solicitarán una revisión de constitucionalidad ante la Corte Constitucional antes de implementar los ajustes contemplados en la norma.

De acuerdo con los pronunciamientos conocidos, los departamentos que han expresado públicamente su decisión de no aplicar el decreto son Atlántico, Tolima, Chocó, Risaralda, Nariño, Meta, Amazonas, Guainía, Huila, Putumayo, San Andrés, Caquetá, Caldas, Quindío, Valle y Antioquia, cuyos gobernadores coinciden en que el alcance del decreto debe ser evaluado por el alto tribunal.

El Decreto 1474 de 2025 fue expedido por el presidente Gustavo Petro con el propósito de atender el déficit fiscal generado tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República. A través de la declaratoria de emergencia económica, el Ejecutivo asumió facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley, incluyendo disposiciones de carácter tributario que inciden directamente en los ingresos de los entes territoriales.

Los gobernadores han señalado que la aplicación inmediata de estas medidas podría generar impactos negativos en las finanzas departamentales, especialmente en sectores como salud, educación e inversión social, y que su implementación sin un pronunciamiento previo de la Corte Constitucional podría derivar en inseguridad jurídica.

Desde este bloque de mandatarios, los gobernadores de Antioquia y Valle del Cauca han sido mencionados como voceros ante la Corte Constitucional, instancia a la que solicitarán formalmente un espacio de intervención para exponer los argumentos jurídicos frente a la constitucionalidad del decreto y el uso de la emergencia económica para introducir cambios tributarios.

Por su parte, el Gobierno Nacional advirtió que podría adelantar acciones jurídicas contra los gobernadores que desacaten el decreto, al considerar que se trata de una norma de obligatorio cumplimiento mientras no exista una decisión de fondo por parte de la Corte Constitucional.