La Contraloría General de la República reiteró una advertencia formulada desde 2023 a la Superintendencia Nacional de Salud por el deterioro progresivo del flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria del país, una situación que, tras un análisis de las cuentas por pagar de las EPS y las cuentas por cobrar de las Empresas Sociales del Estado, no solo persiste sino que se ha agravado de manera significativa, afectando la liquidez, la sostenibilidad financiera y la capacidad operativa de los hospitales públicos, con impactos directos en la continuidad, oportunidad y calidad de los servicios de salud.
Ante este escenario, el organismo de control decidió reiterar formalmente la advertencia y vincular al Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que la problemática compromete de manera directa al rector del sistema, responsable del diseño, regulación y supervisión de los mecanismos de financiación y del flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
De acuerdo con información suministrada por la Asociación de Empresas Sociales del Estado (ACESI), la cartera de las seis EPS con mayor deuda creció cerca del 42 % entre 2024 y 2025, al pasar de 4,5 billones de pesos a 6,4 billones, una brecha que ha impactado de manera directa la liquidez y la sostenibilidad financiera de los hospitales públicos en el país.
El análisis de la Contraloría evidenció que durante 2024 los hospitales públicos facturaron 18,8 billones de pesos, pero solo recibieron pagos por 15,7 billones, equivalentes al 84 %, generando una cartera del 16 %. Entre enero y septiembre de 2025, la situación se deterioró aún más: se facturaron 16,3 billones y se pagaron únicamente 12,6 billones, es decir, el 77 %, lo que representa una caída de siete puntos porcentuales en la oportunidad de pago.
Esta reducción en los pagos afecta a toda la red hospitalaria pública. En los hospitales de nivel I, los pagos pasaron del 85 % al 81 %; en los de nivel II, del 80 % al 74 %, el peor desempeño registrado; y en los de nivel III, del 87 % al 76 %, comprometiendo la sostenibilidad de instituciones de alta complejidad y alto costo.
Aunque el giro directo de la ADRES aumentó en promedio mensual de 846 mil millones de pesos en 2024 a 1,076 billones en 2025, un incremento del 27,2 %, este crecimiento no se ha reflejado en la reducción de la cartera. Por el contrario, la deuda de la red pública hospitalaria pasó de 12,5 billones de pesos en 2024 a 16,28 billones entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un aumento cercano al 30 % en solo nueve meses.
Adicionalmente, la Contraloría observó una alta concentración del giro directo en prestadores privados, que en 2025 recibieron el 67,7 % de los recursos, mientras que los hospitales públicos accedieron únicamente al 23,2 %, reflejando una distribución inequitativa del mecanismo de pago.
La Contraloría también hizo un llamado puntual a la Nueva EPS, al señalar que esta entidad no ha presentado estados financieros desde 2023, pese a los requerimientos reiterados del organismo de control. Según la verificación realizada con la ADRES, existen recursos correspondientes a presupuestos máximos que podrían ser girados a las IPS, lo que permitiría aliviar la situación financiera, especialmente en los hospitales públicos de baja complejidad.
