En medio de la audiencia en la que el teniente coronel (r) Germán Alberto León Durán reconoció su responsabilidad por ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Casanare, el magistrado Gustavo Salazar Arbelaez trazó una hoja de ruta centrada en el derecho a la verdad, la dignificación de las víctimas y las garantías de no repetición.

Los hechos, atribuidos a unidades del Batallón de Infantería Ramón Nonato Pérez (BIRNA 44) del Ejército Nacional, ocurrieron entre 2005 y 2006 y hacen parte de los casos conocidos como “falsos positivos”. Durante su intervención, el magistrado partió de un punto clave, el reconocimiento de al menos 30 víctimas, junto con la identificación de cuatro casos adicionales, lo que amplía el universo de hechos investigados.

A partir de ese reconocimiento, explicó que la verdad no se limita a los homicidios. Señaló que dentro de las conductas aceptadas también se encuentran delitos como secuestro, tortura, uso de menores, desplazamiento forzado, discriminación, lesiones personales y hurto, lo que —según indicó— permite dimensionar la gravedad y complejidad de lo ocurrido en el departamento.

El magistrado estableció como obligación central el aporte efectivo a la búsqueda de personas desaparecidas. Indicó que el compareciente deberá entregar información a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y al componente forense de la jurisdicción, no solo con lo que conoce actualmente, sino mediante nuevas indagaciones que permitan avanzar en la ubicación, hallazgo e identificación de las víctimas.

El despacho también enfatizó en la necesidad de ampliar la contribución a la verdad. Esto incluye la entrega de archivos, la participación en espacios colectivos de esclarecimiento y la posibilidad de rendir testimonio en otros procesos judiciales o disciplinarios, con el objetivo de construir una versión integral de los hechos.

Uno de los puntos más insistentes fue el análisis de las fallas institucionales que permitieron la ocurrencia de estos crímenes. El magistrado señaló la necesidad de examinar el papel de distintas entidades, entre ellas la justicia penal militar, la Fiscalía, los organismos de control y los procedimientos forenses, así como las posibles omisiones, presiones o desviaciones en la atención de las denuncias. También cuestionó los procesos que llevaron a la estigmatización de las víctimas.

En materia de reparación, se plantearon medidas simbólicas orientadas a restituir el nombre y la dignidad de quienes fueron asesinados. Entre ellas, la realización de actos públicos de reconocimiento en los territorios, la instalación de placas conmemorativas con los nombres de las víctimas —acompañadas de herramientas que permitan conocer sus historias— y la difusión de estos hechos en medios de comunicación para eliminar cualquier señalamiento social.

El magistrado también hizo referencia a medidas individuales, como la elaboración de cartas dirigidas a las familias, en las que se reconozca de manera detallada el daño causado, así como la historia de vida de cada víctima.

En el cierre de la intervención, se insistió en la necesidad de adoptar garantías de no repetición. Esto incluye la creación de material pedagógico para las Fuerzas Militares en derechos humanos y derecho internacional humanitario, así como una reflexión sobre las estructuras de mando que, según se expuso, pueden facilitar la ejecución de órdenes ilegales sin cuestionamiento.

Finalmente, el magistrado dejó claro que el proceso restaurativo apenas inicia y que las obligaciones asumidas por el compareciente serán determinantes en las decisiones que adopte la Jurisdicción Especial para la Paz, en un caso que involucra a 22 máximos responsables por hechos ocurridos en Casanare.