El Gobierno nacional anunció la capitalización de la Nueva EPS, la aseguradora de salud más grande del país, que atraviesa una crítica situación financiera. La medida impacta directamente a Villanueva, Casanare, donde la entidad concentra 22.140 usuarios, a corte de septiembre de 2025, donde 9.910 afiliados son del régimen subsidiado atendidos por Red Salud Casanare, y 12.230 del régimen contributivo y población en movilidad, cuya red de atención es la Clínica Villanueva.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, informó que el plan fue ordenado directamente por el presidente Gustavo Petro y contempla no solo inyectar capital a la EPS, sino iniciar el pago de deudas acumuladas que puedan verificarse en el corto plazo. El Gobierno estima que se necesitan más de 2 billones de pesos para comenzar el proceso de saneamiento financiero, recursos que estaban contemplados en el proyecto de reforma a la salud.

“La nueva EPS tiene una calidad muy diferente a las otras nuevas EPS. Las otras EPS son privadas, ¿no es cierto? Y tienen que responder los privados, pero aquí hay un. Aquí hay el 50 y un poco más, en donde el Estado tiene que responder. Hay que buscar alternativas para responder por deudas que sean necesarias de atender. Y era lo que íbamos a hacer en el proyecto de reforma” explico el ministro de salud.

Uno de los focos prioritarios del plan es el pago de obligaciones con hospitales públicos, especialmente con las Empresas Sociales del Estado a nivel departamental y municipal, que han visto afectado su flujo de recursos por las deudas de la EPS. Jaramillo justificó la intervención estatal señalando que, a diferencia de las EPS privadas, el Estado posee participación accionaria mayoritaria en la Nueva EPS, lo que le genera una responsabilidad directa frente a su sostenibilidad.

Para las EPS privadas en crisis, el ministro aclaró que el Gobierno no puede transferir recursos directamente por restricciones legales y constitucionales, pero estudia alternativas como líneas de crédito con tasas compensadas y plazos largos para las entidades que decidan continuar operando dentro del sistema.

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