El presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno avanzará en la revocatoria de licencias de funcionamiento a las EPS que presenten fallas reiteradas, una medida que, según explicó, ya tiene sustento legal y que podría comenzar con casos como el de Coosalud.

Durante su intervención, el mandatario señaló que las entidades con mayores quejas, problemas financieros o deficiencias en la prestación del servicio podrían perder la autorización para operar. Esto significa que no podrían administrar recursos públicos ni seguir ofreciendo servicios de aseguramiento en salud dentro del sistema.

La facultad para retirar estas licencias recae en la Superintendencia Nacional de Salud, que, de acuerdo con el decreto 780 de 2016, puede revocar la autorización de funcionamiento cuando se evidencien fallas graves en la atención, incumplimientos o irregularidades en el manejo de recursos.

Uno de los ejemplos que mencionó el presidente es el de Coosalud, una EPS que actualmente enfrenta decisiones judiciales y cuestionamientos sobre su situación. Mientras un tribunal ordenó devolver la entidad a sus anteriores directivos, el Gobierno ha insistido en que existen irregularidades que justificarían su salida del sistema, lo que mantiene el caso en disputa.

La eventual revocatoria de licencias tendría un impacto directo en los usuarios, ya que millones de afiliados tendrían que ser trasladados a otras EPS o atendidos bajo esquemas del sistema público. Este proceso podría generar dificultades en la continuidad de tratamientos, asignación de citas y entrega de medicamentos, especialmente en el corto plazo.

En paralelo, el presidente planteó que el modelo podría cambiar para que la ADRES asuma directamente el pago a prestadores de salud, eliminando intermediaciones. La propuesta hace parte de la discusión más amplia sobre la reforma al sistema, que sigue generando posiciones encontradas entre el Gobierno y distintos actores del sector.