Los recientes hallazgos de laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en el Valle de Tenza abrieron una pregunta que todavía no tiene una respuesta definitiva por parte de las autoridades: ¿qué estructura criminal está detrás de estas economías ilegales que hoy se mueven en una región históricamente distante de los cultivos de coca? Aunque existen hipótesis que apuntan al ELN y al Clan del Golfo, las investigaciones continúan y, hasta ahora, no hay claridad total sobre quién controla estas operaciones.
La situación volvió a tomar relevancia luego de que el Ejército Nacional confirmara la ubicación y destrucción de un nuevo laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en el municipio de Guateque, Boyacá, infraestructura que, según las autoridades, representaba una afectación económica superior a los 4.800 millones de pesos. Semanas antes ya había sido destruido otro laboratorio en esta misma región, avaluado en más de 9.000 millones de pesos y con capacidad de producir cerca de dos toneladas mensuales.
Las autoridades han reiterado que en el Valle de Tenza no existen cultivos de hoja de coca ni laboratorios para el procesamiento de pasta base. Sin embargo, sí se ha evidenciado la presencia de estructuras móviles dedicadas específicamente a la producción de clorhidrato de cocaína, fenómeno que comenzó a ser detectado con mayor fuerza desde el año anterior en municipios como Somondoco, Campohermoso, Guayatá y Santa María.
Durante el Consejo de Ministros del pasado 21 de abril, el presidente Gustavo Petro aseguró que tenía información relacionada con el ingreso de estructuras armadas y redes del narcotráfico a esta región de Boyacá, mencionando incluso posibles amenazas contra él y contra el candidato presidencial Iván Cepeda. Sus declaraciones generaron rechazo entre alcaldes y dirigentes del Valle de Tenza, quienes pidieron evitar estigmatizaciones y señalaron que la región ha buscado consolidarse alrededor del turismo y el desarrollo económico.
En medio de esa discusión, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que sí existen evidencias de actividades relacionadas con narcotráfico en la zona, aunque aclaró que el panorama criminal todavía es objeto de investigación. Según explicó, hay indicios de presencia del frente José David Suárez del ELN en zonas limítrofes con Casanare, mientras que hacia el sur, en límites con Meta, también aparecen estructuras vinculadas al Clan del Golfo.
El propio ministro planteó que el fenómeno podría estar funcionando bajo una modalidad similar al “outsourcing” criminal, es decir, estructuras independientes que no pertenecerían formalmente al ELN ni al Clan del Golfo, pero que trabajarían para beneficiar económicamente a estas organizaciones mediante la producción y movilización de cocaína. Esa hipótesis es actualmente una de las líneas investigativas que siguen la Fiscalía y los organismos de inteligencia.
Las autoridades también reconocieron que las condiciones geográficas de la región han dificultado las capturas. Aunque se han destruido laboratorios y se han incautado toneladas de clorhidrato de cocaína, hasta ahora no se ha logrado establecer plenamente el organigrama criminal detrás de estas operaciones, ni identificar con precisión qué grupo armado o red narcotraficante controla el negocio que hoy conecta corredores entre Boyacá, Casanare y Meta.
