Una serie de audios atribuidos a Rogelio Benavides, señalado integrante de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Calarcá”, comenzaron a circular en chats comunitarios de zonas rurales del Guaviare con amenazas contra campesinos, presidentes de junta y referencias directas al candidato presidencial Iván Cepeda. “Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda, porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”, se escucha decir al hombre en uno de los mensajes difundidos entre líderes comunales.

Las grabaciones también muestran supuestas presiones relacionadas con reuniones obligatorias, carnetización de habitantes y cobros económicos en territorios bajo influencia armada. En otro de los apartes del audio, el hombre advierte: “El que no tenga el carnet paga 150 o 100 mil pesos, o si no se va del territorio”, frase que hoy es analizada por las autoridades dentro de las verificaciones adelantadas sobre estas estructuras ilegales.

Aunque en varios momentos el hombre asegura que no llegó “a extorsionar a nadie”, posteriormente lanza advertencias directas contra líderes comunales y habitantes rurales. “Déjeme decirle, presidentes, que los voy a apretar, y como debe ser, con multas bien altas, así me les toque vender las gallinas”, señala en otro fragmento de los audios que comenzaron a circular en comunidades campesinas del departamento.

En otros apartes, el hombre insiste en que las órdenes deben cumplirse incluso sin presencia visible de hombres armados en las veredas. “Usted sabe que uno que tiene el fusil lo doblega porque lo doblega”, afirma mientras cuestiona a quienes se resisten a obedecer las instrucciones del grupo ilegal.

Las Fuerzas Militares y organismos de inteligencia adelantan verificaciones sobre el origen y autenticidad de las grabaciones, así como el alcance de las amenazas y referencias políticas contenidas en los mensajes. Paralelamente, la Defensoría del Pueblo y la Misión de Observación Electoral (MOE) han advertido sobre posibles presiones de grupos armados ilegales en regiones del sur del país de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Según reportes conocidos por estas entidades, estructuras armadas ilegales estarían promoviendo reuniones obligatorias, controles comunitarios, restricciones de movilidad y presiones relacionadas con el apoyo a determinados candidatos en departamentos como Guaviare y Caquetá.