La Gobernación de Casanare expidió el Decreto 0166 de 2026, mediante el cual reglamentó la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, un tributo creado por la Ordenanza 014 de 2025 que comenzará a aplicarse desde el 1 de julio. Aunque el decreto establece que los recursos podrán financiar diferentes proyectos relacionados con la seguridad ciudadana, el gobernador César Ortiz Zorro anunció que durante su administración una de las principales prioridades será garantizar la sostenibilidad del sistema de videovigilancia que actualmente se encuentra en implementación en el departamento.
Según indicó, el objetivo es integrar los sistemas existentes y ampliar la cobertura hacia municipios como San Luis de Palenque, Tauramena y Alto Corozal, además de conectar las cámaras ya instaladas en Villanueva, Pore, Aguazul, Trinidad y Paz de Ariporo. El mandatario sostuvo que la nueva tasa busca asegurar los recursos necesarios para el funcionamiento, mantenimiento y modernización permanente de esa infraestructura tecnológica.
El documento precisa que el dinero recaudado tendrá una destinación exclusiva para fortalecer la seguridad y la convivencia ciudadana. En el artículo 32 se establece que los recursos podrán invertirse en programas, proyectos, planes, acciones, bienes, servicios, infraestructura, tecnología, sostenibilidad operativa y demás componentes directamente relacionados con la seguridad y la convivencia ciudadana, conforme a la ley y a la Ordenanza 014 de 2025.
Esto significa que el fondo no queda limitado al mantenimiento o ampliación de sistemas de videovigilancia. El decreto abre la posibilidad de financiar diferentes iniciativas orientadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de seguridad, siempre que estén directamente relacionadas con ese propósito y cumplan los criterios legales establecidos. La priorización de las necesidades será coordinada entre las secretarías de Hacienda y de Gobierno, Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Además de definir el destino de los recursos, el decreto establece que la Secretaría de Hacienda será la entidad encargada de administrar la tasa, incluyendo su liquidación, recaudo, fiscalización, control y cobro.
El decreto igualmente señala que el primer período de facturación consolidará los consumos correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2026, mientras que el pago podrá realizarse hasta el 18 de diciembre de este año. A partir de entonces, la Secretaría de Hacienda definirá el calendario para los siguientes períodos de cobro.
Con esta reglamentación, la Gobernación dejó definido el mecanismo administrativo para recaudar y administrar la nueva tasa, así como el marco bajo el cual podrán financiarse proyectos relacionados con la seguridad ciudadana en el departamento, a través del Fondo Cuenta Territorial de Seguridad de Casanare, cuya primera prioridad anunciada por el Gobierno departamental será garantizar la operación y sostenibilidad del sistema de videovigilancia que se implementa en diferentes municipios del departamento.
