Con 13 votos a favor, el Concejo Municipal de Villanueva aprobó este jueves el acuerdo que faculta al alcalde Héctor Vizcaíno para adelantar los procesos de legalización y regularización urbanística de asentamientos humanos de origen informal consolidados y/o en condición de precariedad en el municipio. La autorización estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027 y permitirá que la administración municipal adelante estos procedimientos conforme a la normatividad urbanística y ambiental vigente.

Las facultades otorgadas no se limitan a un listado específico de asentamientos. Aunque el municipio ha identificado sectores que históricamente han sido objeto de procesos de regularización, el acuerdo permite que el alcalde adelante la legalización de cualquier asentamiento que cumpla con los requisitos establecidos en la legislación vigente. En todos los casos, los procedimientos deberán ajustarse a las disposiciones del Decreto 1077 de 2015, al Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), a la normativa ambiental y a las demás normas que regulan este tipo de actuaciones.

El acuerdo también precisa que la legalización urbanística no constituye, por sí sola, un reconocimiento del derecho de propiedad sobre los predios. Su alcance se limita a incorporar estos sectores al desarrollo formal del municipio mediante la definición de vías, espacio público, servicios públicos, equipamientos y demás componentes urbanísticos, sin perjuicio de los procesos posteriores relacionados con la titulación o el saneamiento de la propiedad, los cuales deberán surtirse conforme a la legislación aplicable.

La administración municipal deberá ejercer estas facultades respetando las restricciones establecidas por la ley. En ese sentido, no podrán ser objeto de legalización los asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo no mitigable, áreas de protección ambiental, rondas hídricas, terrenos destinados a infraestructura pública o en aquellos lugares donde la normatividad nacional prohíba expresamente este tipo de procesos.

Durante el estudio del proyecto, el Concejo destacó que estas facultades buscan dotar al municipio de herramientas jurídicas y administrativas para avanzar en la regularización urbanística de sectores que han crecido de manera informal, facilitando la planificación territorial y el acceso a proyectos de infraestructura y servicios públicos, siempre dentro del marco de las disposiciones legales vigentes. Una vez sancionado por el alcalde, el acuerdo entrará en vigor y las facultades podrán ejercerse hasta el 31 de diciembre de 2027.