El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 030 de 2026, mediante el cual el Gobierno de Gustavo Petro había eliminado la prima especial de servicios para los senadores y representantes que se posesionen a partir del 20 de julio. La decisión mantiene temporalmente el beneficio, estimado actualmente en cerca de $18 millones mensuales, mientras la alta corte estudia si el decreto debe ser anulado de manera definitiva.

La razón principal no estuvo relacionada únicamente con los ingresos de los congresistas. El despacho consideró que reducir ese componente podría producir un “efecto cascada” sobre los salarios de magistrados, jueces, fiscales, procuradores, contralores, defensores del Pueblo, registradores y otros funcionarios, debido a que varios regímenes de remuneración están vinculados legalmente con los ingresos de los miembros del Congreso. La Procuraduría advirtió que esa reducción indirecta también podría comprometer la autonomía de otras instituciones del Estado.

Otro de los aspectos analizados fue la diferencia salarial que se generaría entre congresistas que desempeñan las mismas funciones. El decreto eliminaba la prima únicamente para quienes asumieran sus curules desde el 20 de julio de 2026, mientras que quienes estuvieran cobijados por el régimen anterior podrían conservarla. Según el auto, esto permitiría que funcionarios con iguales responsabilidades recibieran remuneraciones diferentes dependiendo de la fecha en la que se posesionaron.

La demanda también cuestionó que el Gobierno hubiera eliminado una prestación previamente reconocida sin presentar suficientes estudios técnicos, evaluaciones económicas o análisis de proporcionalidad. La Presidencia, el Ministerio de Hacienda y Función Pública defendieron la medida y argumentaron que la prima podía ser retirada por el Ejecutivo como parte de su política de austeridad, sostenibilidad fiscal y reducción de las brechas salariales.

La suspensión es provisional y no significa que el Consejo de Estado haya declarado ilegal el decreto. La alta corte explicó que se trata de una decisión preventiva mientras estudia de fondo la demanda de nulidad. Hasta que exista una sentencia definitiva, continuará vigente el régimen salarial anterior y la prima seguirá formando parte de los ingresos de los congresistas cobijados por esa regulación.