La Fiscalía General de la Nación anunció la apertura de una nueva línea de investigación contra siete gobernadores y exgobernadores por su presunta participación en un esquema de corrupción que habría permitido el desvío de cerca de 3 billones de pesos del Sistema General de Regalías (SGR). La decisión fue dada a conocer durante una rueda de prensa realizada este 4 de agosto, en la que el ente investigador informó que compulsó copias para iniciar las respectivas indagaciones.

Entre las personas mencionadas por la Fiscalía se encuentran Óscar Enrique Sánchez, gobernador de Amazonas; María Margarita Guerra Zúñiga, gobernadora de Magdalena; Luis Alfredo Gutiérrez García, gobernador de Vaupés; Fulberto Guevara, gobernador de Vichada; Ferney López Martínez, gobernador de Guaviare; Rafael Alejandro Martínez, exgobernador de Magdalena; y Álvaro Arley León Flores, exgobernador de Vichada. La compulsa de copias también incluye a otros funcionarios de administraciones departamentales, entre ellos directores jurídicos y secretarios con funciones contractuales.

De acuerdo con la Fiscalía, el presunto esquema habría operado a través del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social “Sierra Nevada”, entidad que, al parecer, fue utilizada para concentrar la ejecución de cerca de 480 proyectos financiados con recursos de regalías en 19 departamentos del país. Las iniciativas estaban relacionadas con infraestructura, educación, agua potable y saneamiento básico, deporte, gestión del riesgo, salud, energía eléctrica y mejoramiento de vivienda rural.

Según la investigación, los presuntos responsables habrían implementado un manual propio de contratación que les permitía adjudicar contratos y subcontratos de manera discrecional, incluso a integrantes de la misma organización, con el propósito de mantener el control sobre la ejecución de los recursos públicos y el direccionamiento de los proyectos.

La Fiscalía precisó que esta actuación corresponde al inicio de una nueva fase de la investigación y que las indagaciones buscarán establecer la posible responsabilidad de los funcionarios públicos y particulares vinculados al caso. Por ahora, la compulsa de copias no constituye una imputación de cargos ni una declaración de responsabilidad penal, sino el comienzo del proceso investigativo.