Las autoridades materializaron una medida de ocupación con fines de extinción del derecho de dominio sobre una vivienda ubicada en el barrio Bello Horizonte, en Villanueva, Casanare, que, de acuerdo con la investigación, habría sido utilizada para el almacenamiento, dosificación y comercialización de sustancias estupefacientes al servicio de la estructura Gonzalo Oquendo Urrego del Clan del Golfo, también conocida como Ejército Gaitanista de Colombia.
La diligencia fue adelantada el pasado 7 de agosto, a las 8:30 de la mañana, en desarrollo de la Operación Himalaya, mediante una orden de incautación, suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro con fines de extinción del derecho de dominio. La acción fue ejecutada por uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), como parte de las estrategias dirigidas a afectar las finanzas de las estructuras delincuenciales.
Según informó el comandante del Departamento de Policía Casanare, coronel Pablo Galindo, el inmueble corresponde a una vivienda urbana de un piso, avaluada aproximadamente en 300 millones de pesos.
De acuerdo con las autoridades, la propiedad habría sido utilizada por Manuel Yesid Pedraza, quien, según la investigación, integró el Clan del Golfo y actualmente se encuentra privado de la libertad por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, dentro de un proceso relacionado con actividades de homicidio, extorsión y tráfico de armas de fuego.
El oficial explicó que esta medida corresponde a un proceso judicial derivado de investigaciones iniciadas años atrás y señaló que las acciones contra las finanzas de las organizaciones criminales continúan avanzando de manera paralela a las capturas y allanamientos.
Galindo advirtió además que este tipo de medidas pueden repetirse sobre otros inmuebles que, presuntamente, hayan sido utilizados para actividades ilícitas, razón por la cual hizo un llamado a los propietarios para verificar el uso que se da a sus bienes cuando son entregados en arriendo o a terceros, ya que estos procesos pueden culminar con la extinción del derecho de dominio cuando se demuestra su vinculación con actividades delictivas.
