Sectores de Aguazul acumularían hasta un mes con dificultades en la recolección de residuos sólidos, mientras un segundo frente expuesto por el personero municipal, Francisco Cala, apunta a un posible detrimento estimado entre $400 y $800 millones relacionado con elementos que habrían sido sustraídos de la planta de manejo integral de residuos del municipio, una infraestructura valorada en más de $50.000 millones. Los dos asuntos hacen parte de los cuestionamientos planteados por el representante del Ministerio Público sobre la prestación de los servicios públicos y el manejo de esta infraestructura.
En cuanto a las basuras, Cala señaló que en algunos sectores los retrasos estarían entre una y dos semanas, mientras que en otros alcanzarían hasta un mes, incluyendo afectaciones en zonas rurales. Según explicó, esta situación ha ocasionado acumulación de residuos y malos olores. Durante su intervención manifestó su “absoluta preocupación” por las condiciones en las que se estaría prestando actualmente el servicio.
De acuerdo con el personero, parte de las dificultades estaría relacionada con la capacidad operativa de la Empresa de Servicios Públicos y el estado de los vehículos recolectores, que, según sostuvo, habrían cumplido su vida útil y permanecen sometidos a reparaciones. También cuestionó la facturación de conceptos asociados a otros servicios frente a las inconformidades existentes sobre su prestación.
Ante este panorama, el funcionario anunció que la Personería radicará un documento ante la Superintendencia de Servicios Públicos para solicitar vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la prestación de estos servicios en Aguazul.
El segundo asunto expuesto está relacionado con la planta de manejo integral de residuos, cuyo valor fue señalado en más de $50.000 millones. Según las denuncias referidas por Cala, del lugar habrían sido sustraídos motores, generadores eléctricos y cableado de cobre, hechos por los cuales se habla de un posible detrimento de entre $400 y $800 millones. Frente a esta situación existirían denuncias ante la Fiscalía y actuaciones puestas en conocimiento de la Contraloría, por lo que corresponderá a estas autoridades establecer eventuales responsabilidades.
