El Gobierno Nacional comenzó a evaluar nuevas medidas para restringir el uso de celulares y otras comunicaciones no autorizadas desde las cárceles del país, una práctica que ha sido utilizada para realizar extorsiones y coordinar otras actividades delictivas desde los centros penitenciarios.

La iniciativa fue abordada durante una reunión entre el Ministerio TIC, el Ministerio de Justicia y representantes de operadores móviles, en la que se analizaron las medidas que actualmente existen para controlar estas comunicaciones y las alternativas que podrían implementarse para fortalecer las restricciones.

Uno de los principales objetivos es impedir que personas privadas de la libertad tengan acceso irregular a las redes de telecomunicaciones y puedan utilizarlas para realizar llamadas extorsivas, impartir instrucciones o coordinar acciones delictivas desde los establecimientos penitenciarios.

Las llamadas originadas desde cárceles han sido utilizadas en diferentes modalidades de extorsión. En algunos casos, los delincuentes recurren a amenazas o se presentan como integrantes de estructuras criminales para intimidar a las víctimas y exigirles dinero. Precisamente, las medidas que ahora estudia el Gobierno buscan reducir las posibilidades de utilizar las comunicaciones móviles para este tipo de delitos.

Durante la mesa de trabajo también fueron analizados los retos técnicos, jurídicos y operativos que implica restringir estas comunicaciones sin afectar el funcionamiento regular de las redes en sectores cercanos a los establecimientos penitenciarios. Los operadores presentaron inquietudes y propuestas frente a las alternativas que se encuentran bajo evaluación.

Los ministerios TIC y de Justicia señalaron que continuarán trabajando junto con los operadores móviles y otras autoridades, entre ellas la Policía Nacional y el Ejército Nacional, para establecer nuevas acciones de control. Los detalles de las medidas que finalmente sean adoptadas serán dados a conocer posteriormente.