El presidente Abelardo de la Espriella ordenó militarizar Santa Marta y reforzar la presencia de la Policía en medio de la situación de orden público que desde el martes 22 de septiembre ha generado cierres de establecimientos comerciales, afectaciones al transporte y suspensión de actividades educativas. La decisión se produjo después de amenazas contra comerciantes y transportadores, así como la quema de vehículos y otros hechos violentos atribuidos a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).
La escalada ocurrió después de una operación de la Fuerza Pública en la Sierra Nevada en la que murieron siete presuntos integrantes de las ACSN, entre ellos José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, señalado por las autoridades como segundo cabecilla y uno de los responsables financieros de la estructura. Posteriormente circuló un comunicado atribuido al grupo anunciando un paro armado de 48 horas, mientras comenzaron a reportarse intimidaciones, cierres de negocios y ataques en diferentes sectores de Santa Marta.
Durante la jornada fueron reportados vehículos incendiados, disparos e intimidaciones a comerciantes, mientras habitantes optaron por permanecer en sus viviendas. En respuesta, unidades especiales de la Policía y tropas del Ejército fueron desplegadas en diferentes puntos de la ciudad, acompañadas de labores de vigilancia aérea. Este miércoles, el Ministerio de Defensa también anunció el envío de Fuerzas Especiales al Magdalena para reforzar las operaciones contra la estructura armada.
Aunque el comunicado atribuido a las ACSN estableció una duración de 48 horas para el paro armado, ese plazo no determina hasta cuándo permanecerán los militares en Santa Marta. Hasta el momento, el Gobierno no ha anunciado una fecha para finalizar el despliegue ni ha establecido públicamente su duración. La orden presidencial es mantener reforzada la presencia de la Fuerza Pública como respuesta a la situación de seguridad.
De esta manera, Santa Marta permanece bajo un dispositivo especial de seguridad mientras las autoridades adelantan operaciones y buscan recuperar la normalidad en los sectores afectados. El Gobierno sostiene que mantendrá las acciones contra las ACSN, mientras comerciantes, transportadores y habitantes permanecen atentos a la evolución de la situación y a las decisiones que se adopten sobre el despliegue militar.
