El capitán Germán Miranda estuvo cerca de tres semanas al frente de la Dirección Nacional de Bomberos antes de ser declarado insubsistente por el presidente Abelardo de la Espriella. El ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, explicó este miércoles que la decisión estuvo relacionada con la aparición de unos audios en los que Miranda se referiría a presuntas prácticas indebidas y en los que, según el funcionario, se menciona la eventual entrega de dinero a autoridades judiciales para impedir que prosperara una investigación.
Lara precisó que tanto las grabaciones como los hechos a los que estas harían referencia son anteriores al actual Gobierno y aseguró que no corresponden a actuaciones ocurridas durante la administración de De la Espriella. Sin embargo, afirmó que el contenido conocido fue suficiente para generar una pérdida de confianza en el entonces director, razón por la cual se tomó la decisión de apartarlo del cargo. Miranda había asumido la Dirección Nacional de Bomberos a comienzos de septiembre.
Pero el pronunciamiento del ministro fue más allá de la salida de Miranda. Lara anunció que el Ministerio del Interior radicó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría por presuntas irregularidades detectadas en contratos de la Dirección Nacional de Bomberos celebrados durante la administración anterior. El punto de partida es una urgencia manifiesta declarada después de las inundaciones que afectaron ocho departamentos y unas 250.000 personas, mecanismo que permitió adelantar contratación directa para enfrentar la emergencia.
De acuerdo con Lara, bajo esa urgencia se contrataron aproximadamente $42.000 millones, pero únicamente $313 millones habrían sido destinados directamente a la atención de las inundaciones. El resto se utilizó para adquirir elementos propios de la actividad bomberil, como trajes contra incendios, equipos de respiración y materiales especializados que, aunque necesarios para los cuerpos de bomberos, según el ministro no estaban relacionados con la emergencia que justificó la contratación directa.
Uno de los procesos revisados corresponde al contrato 076 con la empresa Mackay Soluciones, que inicialmente fue suscrito por $16.000 millones y posteriormente habría llegado a $24.000 millones. La auditoría señalada por Lara encontró, entre otros aspectos, diferencias entre equipos facturados y recibidos, actas en las que elementos fueron certificados como recibidos pero quedaron almacenados en bodegas del propio contratista, y pagos realizados pese a que parte de los bienes no habría sido entregada posteriormente a la entidad.
El Ministerio también puso bajo revisión el momento en el que se desarrolló la contratación, pues los procedimientos se adelantaron durante la vigencia de restricciones electorales. Lara indicó que la auditoría inicialmente cubrió $24.000 millones, mientras otros contratos celebrados bajo modalidades similares están siendo analizados hasta completar cerca de $62.000 millones. El Gobierno pidió además que la Fiscalía, los organismos de control, el Consejo Nacional Electoral y la UIAF establezcan el destino final de los recursos y determinen si existieron responsabilidades.
