La discusión del Estatuto Antiterrorista que impulsa el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, prevista inicialmente para este jueves 8 de octubre ante el Consejo Superior de Política Criminal, fue aplazada para el próximo 15 de octubre. La iniciativa, que busca ampliar las herramientas del Estado para enfrentar a las organizaciones armadas ilegales, ha generado cuestionamientos por sus posibles implicaciones sobre los derechos ciudadanos y las facultades del Ejecutivo. Entre las voces que se han pronunciado está el senador Iván Cepeda, quien hizo un llamado a organizaciones y movimientos sociales para unir esfuerzos contra el proyecto, al considerar que representa una amenaza para las garantías democráticas.
El borrador del Estatuto, compuesto por 116 páginas, contempla la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, nuevas conductas penales, mayores sanciones y un régimen especial para integrantes de estructuras criminales. También plantea medidas para congelar activos, establecer restricciones a personas incluidas en el registro y otorgar facultades extraordinarias al presidente durante seis meses en asuntos relacionados con la lucha antiterrorista. Desde el Gobierno se ha defendido la necesidad de fortalecer las capacidades jurídicas y operativas del Estado para combatir a los grupos responsables de ataques contra la Fuerza Pública y la población civil.
Uno de los aspectos que ha concentrado las críticas corresponde a las disposiciones relacionadas con la instrumentalización de la población civil, que contemplan penas de entre 10 y 18 años para determinadas conductas orientadas a obstaculizar operaciones de las autoridades en beneficio de organizaciones terroristas. También se han formulado reparos sobre medidas individuales de control judicial que podrían aplicarse antes de una imputación penal. Los cuestionamientos se centran en la posibilidad de que algunas disposiciones terminen afectando a organizaciones comunitarias, participantes en manifestaciones o ciudadanos que ejerzan sus derechos, dependiendo de la interpretación y aplicación de las normas propuestas.
Frente a este panorama, el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, convocó a organizaciones sociales, movimientos políticos y sectores de opinión a trabajar conjuntamente contra la iniciativa. El congresista afirmó que el proyecto concedería amplias facultades discrecionales al presidente y podría comprometer el debido proceso, el ejercicio de la oposición y las libertades públicas. Según su interpretación, algunas disposiciones permitirían catalogar como terroristas a ciudadanos que cuestionen al Gobierno. Estas afirmaciones corresponden a los cuestionamientos políticos y jurídicos expresados por Cepeda frente a un documento que todavía no ha sido aprobado.
La reunión del Consejo Superior de Política Criminal, ahora prevista para el 15 de octubre, será uno de los espacios en los que se revisarán los alcances de la iniciativa, junto con otras propuestas relacionadas con seguridad y justicia. Posteriormente, el Estatuto Antiterrorista deberá surtir su trámite legislativo en el Congreso de la República y, por su naturaleza de ley estatutaria, requerirá mayorías especiales y revisión de constitucionalidad antes de entrar en vigencia. Entretanto, continúa el debate entre quienes consideran necesarias nuevas herramientas contra las organizaciones armadas y quienes advierten sobre los posibles efectos de estas medidas en los derechos fundamentales.
