El proyecto de ordenanza 006, presentado por la Gobernación de Casanare para modificar el presupuesto vigente y redistribuir más de 130 mil millones de pesos, no ha podido ser debatido a fondo en la Asamblea Departamental. Aunque la propuesta contempla inversiones en sectores como salud, educación, cultura y atención a emergencias, su trámite quedó detenido por una discusión de orden jurídico: el decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias podría tener un vicio de origen.

La situación fue expuesta durante una reciente sesión de comisión, donde se advirtió que el decreto fue firmado por una funcionaria en calidad de gobernadora encargada, mientras el gobernador titular se encontraba en Bogotá cumpliendo funciones oficiales. De acuerdo con la normatividad vigente, los proyectos de ordenanza que modifican el presupuesto solo pueden ser presentados por el gobernador en propiedad, salvo en casos de vacancia oficialmente constituida.

Este detalle técnico, aunque en apariencia menor, impide legalmente avanzar en el estudio del contenido del proyecto, según lo expuesto en la sesión. No se trata de una discusión sobre las prioridades que plantea el documento, sino sobre si la Asamblea tiene o no competencia para debatirlo mientras el decreto que lo habilita esté en entredicho.

El mismo día en que se desarrollaba la sesión, el gobernador publicó un mensaje en su cuenta de Facebook solicitando a la Asamblea la aprobación del proyecto. En él, expuso una serie de temas incluidos en la propuesta, como el fortalecimiento del hospital itinerante, el apoyo a personas mayores, la adecuación de instituciones educativas, o el respaldo a deportistas y sectores productivos.

La publicación generó una rápida reacción ciudadana. Numerosas personas, entre ellas contratistas y posibles beneficiarios, asistieron al recinto de sesiones. Para algunos diputados, esta movilización fue percibida como un intento de presión, y encendió un llamado de atención sobre los límites entre la participación ciudadana y la influencia institucional en espacios deliberativos.

Ante la advertencia jurídica, desde la Asamblea se plantearon tres posibles caminos: que el gobierno departamental retirara el proyecto voluntariamente y lo presentara de nuevo ajustado a la ley; que la Asamblea procediera a su archivo; o que se instalara una mesa técnica entre los equipos jurídicos de ambas partes para revisar si el posible vicio era subsanable.

Hasta el momento, no se ha tomado una decisión definitiva. La discusión se mantiene suspendida, a la espera de una resolución que permita continuar o reiniciar el proceso bajo los principios de legalidad y competencia.