Siete EPS, entre ellas Capresoca, con cerca de 170.000 afiliados, podrían ser liquidadas si no se cumplen las condiciones exigidas por el Gobierno Nacional, en el marco de una decisión impulsada por el presidente Gustavo Petro, que según el mandatario busca la reorganización del sistema de salud en el país.

A este grupo se suman otras seis entidades: Famisanar (2,9 millones de afiliados), Coosalud (3,2 millones), Asmet Salud (1,8 millones), Emssanar (1,7 millones), Savia Salud (1,6 millones) y Servicio Occidental de Salud (750.000). En total, más de 12 millones de usuarios podrían verse impactados por esta medida.

Según lo planteado por el presidente Gustavo Petro, la intención del Gobierno es avanzar en una reorganización del sistema de salud, enfocada en corregir fallas estructurales, garantizar la atención a los usuarios y ejercer un mayor control sobre los recursos públicos. Las EPS que no cumplan con condiciones financieras y operativas podrían ser intervenidas o liquidadas.

El mandatario ha insistido en que el modelo actual presenta problemas como deudas acumuladas, fallas en la prestación del servicio y barreras de acceso para los pacientes, lo que ha motivado medidas más estrictas frente a las entidades aseguradoras. La eventual liquidación de estas EPS haría parte de ese proceso de transformación del sistema.

Uno de los principales impactos de esta medida sería el traslado de millones de afiliados a otras EPS o mecanismos de aseguramiento, lo que plantea retos logísticos y de capacidad en la red de prestación de servicios. Expertos han advertido que una migración de esta magnitud podría generar congestión en la atención si no se realiza de manera planificada.

En el caso de Casanare, una eventual liquidación de Capresoca implicaría el traslado de miles de afiliados a las otras entidades existentes en la región, lo que podría generar desafíos en la continuidad de tratamientos, autorizaciones médicas y acceso a la red de servicios de salud en el departamento.

Por ahora, el futuro de estas siete entidades dependerá de las decisiones que adopten las autoridades sanitarias y del cumplimiento de los requisitos exigidos por el Gobierno nacional, en medio de un proceso que sigue generando debate en el país sobre el rumbo del sistema de salud.