Una suspensión provisional por tres meses, un aumento del 144% en las PQR y un incremento del 56% en tutelas marcan la decisión de la Procuraduría General de la Nación de apartar del cargo a la interventora de la EPS Capresoca, Betty Cecilia Anaya Nieto, en medio del deterioro en la prestación del servicio de salud.

La medida disciplinaria se da en el marco de una investigación por presuntas fallas en la administración de la entidad, que atiende a cerca de 170.000 afiliados en Casanare, y que ha sido objeto de seguimiento por parte de los entes de control.

Capresoca fue intervenida por el Gobierno Nacional el 7 de octubre de 2024, en una decisión orientada a corregir fallas en la prestación del servicio. Posteriormente, la interventora ahora suspendida asumió el cargo tres meses después de esa medida, en medio del proceso de reorganización de la entidad.

La investigación también cobija al exagente interventor Jefferson Caicedo Pardo, por un posible incumplimiento de los fines de la medida de intervención forzosa administrativa. El Ministerio Público busca establecer si los servidores públicos omitieron sus deberes durante el proceso.

De acuerdo con un informe de la delegada para asuntos civiles, del trabajo y la seguridad social, se evidenciaría un aumento progresivo en las barreras de acceso a los servicios de salud en la EPS, lo que hace parte de los elementos bajo análisis dentro del proceso disciplinario.

La Procuraduría indicó que la suspensión tiene carácter preventivo y busca evitar posibles interferencias en la investigación, mientras se determinan responsabilidades frente a la situación administrativa, financiera y operativa de la entidad.