Este domingo 31 de agosto de 2025, el Concejo Municipal de Villanueva aprobó en plenaria el Proyecto de Acuerdo 016 del 12 de agosto de 2025, con 13 votos a favor, la totalidad de la corporación. La decisión otorga al alcalde municipal la facultad de adelantar procesos de legalización y regularización urbanística de asentamientos humanos informales en condición de precariedad, facultades que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027, cuando culmina el actual periodo de gobierno.

Con este resultado, el Concejo concluye su papel en el trámite y el escenario se traslada a la alcaldía de Villanueva, que será la encargada de asumir la responsabilidad más compleja: resolver las solicitudes de legalización que lleguen a su despacho. A partir de ahora, el reto no es político sino administrativo y técnico.

Lo que viene para la administración municipal

El acuerdo aprobado no significa que los predios informales se conviertan de inmediato en legales. La alcaldía deberá abrir un proceso detallado que incluya:

1. Recepción de solicitudes de comunidades interesadas en la legalización.

2. Revisión de requisitos técnicos y jurídicos establecidos en la normativa vigente, como el Decreto 1077 de 2015 y el Decreto 1470 de 2024

3. Evaluación de riesgos y condiciones urbanísticas, verificando que los predios no estén en zonas de alto riesgo no mitigable o de protección ambiental.

4. Determinación de viabilidad para incorporar los asentamientos al perímetro urbano o de servicios.

5. Expedición de actos administrativos que definan caso por caso si procede la legalización.

La legalización de asentamientos puede transformar de fondo la realidad urbana de Villanueva. El reto para el alcalde será equilibrar la urgencia social de brindar seguridad jurídica a cientos de familias con la necesidad de mantener el orden urbanístico y evitar incentivos a nuevas ocupaciones informales.

En los próximos meses, la atención ciudadana estará puesta no en el Concejo, que ya cumplió su función, sino en la gestión administrativa de la alcaldía, que deberá demostrar hasta 2027 si estas facultades se traducen en soluciones concretas para la comunidad.