El Concejo Municipal de Villanueva, Casanare, discute el Proyecto de Acuerdo 016 del 12 de agosto de 2025, con el cual se busca delegar al alcalde la facultad de legalizar y regularizar asentamientos humanos informales en condición de precariedad. La ponencia está a cargo del concejal José María Téllez.
El proyecto fue presentado por el concejal Juan Carlos Caldas Ramírez y constituye el tercer intento en los últimos 20 meses por tramitar esta iniciativa. En la primera ocasión fue impulsado por la alcaldía y archivado tras ser derrotado en plenaria. Posteriormente, el mismo concejal Caldas lo presentó, pero decidió retirarlo antes de llegar a comisión. En esta nueva oportunidad ya superó una etapa de socialización en la Comisión de Desarrollo y avanza en su primer debate.
Durante la socialización realizada en el recinto del concejo, ciudadanos como Germán Valencia, reconocido en el municipio por su participación en procesos sobre ordenamiento territorial, advirtieron sobre un posible impedimento jurídico. Según su interpretación, este tipo de iniciativas deberían ser de competencia exclusiva del alcalde y no de los concejales, lo que abriría un debate sobre la validez formal de la propuesta.
El hecho de que la administración municipal no haya sido quien presentara el proyecto también genera inquietudes. Algunos sectores cuestionan la pertinencia de otorgar facultades a una alcaldía que no las solicitó directamente. Además, expertos y líderes comunitarios han señalado que, incluso si el acuerdo es aprobado, la legalización de predios no sería automática: cada solicitud deberá ser revisada por la administración municipal y cumplir con los requisitos de ley antes de otorgar seguridad jurídica a los ocupantes.
La iniciativa se fundamenta en disposiciones constitucionales y en leyes como la 9 de 1989 y la 388 de 1997, que facultan a los concejos municipales para delegar en los alcaldes la legalización de asentamientos conformados por viviendas de interés social. Sus defensores consideran que representa un paso hacia la formalización urbana, mientras que sus críticos alertan que podría interpretarse como un incentivo al crecimiento desordenado.
De ser aprobado en comisión, el proyecto pasará a discusión en plenaria del Concejo, instancia en la que ya ha sido archivado en el pasado.
