Una denuncia ciudadana fue el punto de partida de la investigación que hoy tiene en revisión uno de los proyectos de vivienda más ambiciosos planteados en Villanueva en los últimos años. Se trata del proyecto conocido localmente como El Garcero, una iniciativa que contemplaba la construcción de 128 viviendas de interés social financiadas en gran parte con recursos del Sistema General de Regalías.

La actuación adelantada por la Contraloría General de la República incluyó revisión documental del proyecto, análisis técnico de los estudios disponibles y visitas de campo al terreno donde se pretendía construir el conjunto habitacional. El resultado de ese proceso llevó al organismo de control a concluir que el proyecto resulta inviable en las condiciones en que fue estructurado inicialmente.

El proyecto El Garcero fue formulado en 2022 con una inversión estimada superior a los 18.700 millones de pesos. De ese monto, más de 10.300 millones provenían de recursos del Sistema General de Regalías. Un año después, en 2023, la administración municipal adquirió el lote donde se planeaba desarrollar el proyecto por un valor cercano a los 3.072 millones de pesos.

Sin embargo, las verificaciones técnicas realizadas posteriormente por la Contraloría evidenciaron que el terreno presenta condiciones topográficas que dificultan el desarrollo del proyecto tal como fue concebido. Durante las visitas de campo se identificaron pendientes pronunciadas, desniveles naturales y sectores bajos donde se concentran drenajes de agua, además de la presencia de un caño natural que atraviesa parte del predio. Estas características, según el análisis técnico, incrementan el riesgo de inundación en determinadas áreas del terreno.

El informe también advierte que parte de la implantación proyectada para las viviendas se ubicaría en sectores donde las condiciones físicas del suelo complican la construcción. Entre los aspectos señalados se encuentran zonas con inclinaciones superiores a las recomendadas para urbanización, áreas cercanas a drenajes naturales y sectores con desniveles que requerirían intervenciones adicionales de adecuación del terreno.

A esto se suma un elemento que genera dudas sobre la viabilidad técnica del proyecto: la disponibilidad de servicios públicos. La Contraloría señala que el sistema de alcantarillado proyectado podría enfrentar limitaciones debido a la cota del terreno, ya que en algunos puntos el nivel del suelo no permitiría garantizar el flujo adecuado de las aguas residuales hacia las redes existentes.

En términos técnicos, esto implica que el drenaje sanitario por gravedad podría no funcionar en algunas áreas del proyecto, lo que obligaría a replantear el diseño hidráulico o incorporar soluciones técnicas adicionales que no estaban contempladas en la planeación inicial.

Tras analizar las condiciones del terreno y el proceso de estructuración del proyecto, la Contraloría concluyó que existen elementos suficientes para configurar un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal. En el documento oficial de conclusiones, el ente de control señala:

“Como resultado de la presente actuación, la Contralía General de la República configura un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal (…) y declara inviable el proyecto”.

La decisión se fundamenta en que, según el organismo de control, se habría generado una lesión al patrimonio público asociada a la inversión de recursos del Sistema General de Regalías. La Contraloría sostiene que los recursos comprometidos por la Gobernación de Casanare y el municipio de Villanueva para la ejecución del proyecto no garantizaron el cumplimiento de principios fundamentales de la gestión pública, entre ellos economía, responsabilidad, planeación, eficacia y moralidad administrativa.

De acuerdo con el informe, el problema central radica en que se realizó la compra del lote donde se pretendía desarrollar el proyecto pese a que posteriormente se evidenció que el terreno no cumplía con los requerimientos técnicos necesarios para la construcción de vivienda de interés social. El organismo de control concluye que esta situación terminó afectando los recursos públicos destinados al proyecto, al adquirirse un predio que finalmente no reúne las condiciones para ejecutar la iniciativa tal como fue concebida.