Sin procesos de concertación con mesas de participación hacia comunidades y organizaciones ambientales, Villanueva quedó excluido de la Política Pública Ambiental Departamental, un instrumento que orienta la gestión del territorio. La omisión motivó que Oswaldo Rodríguez, representante legal de la Fundación Cajeto, radicara un derecho de petición ante la Gobernación de Casanare solicitando su incorporación obligatoria, sustentado en legislación ambiental vigente y en diagnósticos que –según afirma– fueron pasados por alto.
La petición, expone que el instrumento departamental desconoce elementos que la ley establece como mínimos. Rodríguez cita la Ley 99 de 1993, que define la función de las entidades territoriales en materia ambiental; la Ley 152 de 1994, que regula los planes de desarrollo; y el CONPES 4050, que establece lineamientos nacionales para políticas ambientales regionales. Según su argumento, la exclusión de Villanueva contradice el principio de integralidad territorial, especialmente por tratarse de un municipio con cuencas sensibles y con crecimiento urbano acelerado.
Durante la entrevista con Conexión Medios, Rodríguez explicó que el municipio presenta presiones ambientales acumuladas, expansión urbana sin actualización catastral, ocupaciones en rondas hídricas, deforestación en áreas de conservación y afectaciones en el río Upía. “Si la política ambiental departamental no registra estos conflictos, pierde capacidad para orientar decisiones, priorizar inversiones y articular entidades”, señaló.
El documento entregado a la Gobernación también cuestiona el proceso previo a la formulación de la política. Fundación Cajeto afirma que no hubo participación territorial suficiente y que las mesas técnicas no incluyeron información proveniente de organizaciones ambientales locales. Para Rodríguez, esto deriva en un diagnóstico incompleto y en la ausencia de líneas estratégicas para municipios del sur del departamento, pese a que concentran actividades agrícolas, zonas de recarga hídrica y ecosistemas de transición entre la Orinoquia y la cordillera.
La exclusión de Villanueva impacta además la ruta de planificación municipal. Sin lineamientos integrados, proyectos como un POMCA para el Río Upía, la ampliación del acueducto o la recuperación de áreas protegidas quedan sin un marco de referencia departamental, lo que podría dificultar la asignación de recursos y la articulación con Corporinoquia. Rodríguez insiste en que la política debe contemplar estos elementos para evitar que continúen los rezagos en gestión del riesgo y ordenamiento ambiental.
En su petición, solicita formalmente que la Gobernación revise el documento, incorpore los conflictos ambientales identificados y abra una fase de participación dirigida a organizaciones ambientales y comunidades rurales. También pide que se expliquen los criterios utilizados para la priorización territorial y que se entregue copia del diagnóstico base que sustenta la política.
Por ahora, la Gobernación no ha emitido una respuesta sobre el tema, sin embargo, la Fundación Cajeto espera que el proceso se ajuste a los tiempos establecidos por la Ley 1755 de 2015, que regula el derecho de petición, y que la revisión permita corregir los vacíos identificados.
Redactado por: Aldair Cuartas
