La Contraloría General de la República confirmó esta semana las denuncias realizadas por el presidente Gustavo Petro sobre la situación financiera de Nueva EPS. El organismo de control advirtió que la entidad presenta un deterioro estructural que compromete la atención de más de 11 millones de afiliados en todo el país, entre ellos 22.140 usuarios en Villanueva, Casanare.

Según el informe de la Contraloría, la deuda de Nueva EPS pasó de 5,42 billones de pesos en diciembre de 2022 a 21,37 billones en marzo de 2025, lo que representa un crecimiento exponencial en menos de tres años. Además, el patrimonio de la entidad, que en 2022 registraba un saldo positivo de 485.209 millones, se volvió negativo en 2023 y alcanzó los –6,25 billones en el primer trimestre de 2025. El ente advirtió que, de mantenerse la tendencia, la deuda podría superar los 26 billones de pesos a finales de este año.

El presidente Petro aseguró que la Contraloría “ratificó lo denunciado por el Gobierno”, señalando que la EPS no reportó de manera transparente recursos por al menos cinco billones de pesos. A estas irregularidades se suman facturas no auditadas, reservas técnicas subestimadas y anticipos sin legalizar, factores que, según el organismo de control, ponen en riesgo la sostenibilidad de la entidad.

En el caso de Villanueva, Casanare, la Nueva EPS concentra 9.910 afiliados al régimen subsidiado y 12.230 en el contributivo y movilidad, para un total de 22.140 usuarios. La red de atención local está conformada por Red Salud Casanare para los afiliados del régimen subsidiado y por la Clínica Villanueva para los contributivos y población en movilidad. Las farmacias a cargo del suministro de medicamentos son Discolmets, que atiende a los usuarios de Nueva EPS y Sanitas, y Multi Health, que cubre a los de Capresoca.

Autoridades de salud locales advierten que, en caso de una eventual liquidación, los usuarios serían redistribuidos entre las otras EPS que operan en el municipio, principalmente Capresoca y Sanitas. Este procedimiento, similar al aplicado hace tres años con la liquidación de Medimás, permitiría garantizar la continuidad del servicio, aunque los usuarios tendrían un plazo de 90 días para solicitar un traslado a la EPS de su preferencia.

La advertencia de la Contraloría refleja un panorama complejo para Nueva EPS, que no solo enfrenta la posibilidad de inviabilidad financiera, sino también el reto de mantener la prestación del servicio en municipios donde concentra un número significativo de afiliados, como ocurre en Villanueva.