El Tribunal Administrativo de Casanare ratificó la validez del Acuerdo 015 de 2019 y de la Resolución 1153 del mismo año, actos mediante los cuales el Concejo Municipal y la Alcaldía de Villanueva legalizaron el asentamiento El Triunfo. La decisión fue emitida el 18 de septiembre de 2025 en respuesta a la apelación interpuesta contra el fallo de primera instancia, que ya había negado la nulidad de dichos actos. Consulting Global Group adelantó el proceso de defensa judicial.
La demanda fue presentada por Andrea Carolina Moreno Farieta, quien argumentó que la regularización desconocía la normativa vigente en materia de ordenamiento territorial, beneficiaba a loteadores ilegales y generaba impactos ambientales y urbanísticos. Según su interpretación, la Ley 9 de 1989 y el Decreto 564 de 2006 fijaban como límite el 27 de junio de 2003 para la legalización de asentamientos informales, fecha que el barrio en cuestión no cumplía.
El Municipio de Villanueva y el Concejo defendieron la legalidad del proceso, señalando que la normatividad posterior —incluido el Decreto 1077 de 2015 y la Ley 2044 de 2020— eliminó ese límite y establece la obligación de adelantar procesos de regularización. Argumentaron además que la medida buscaba garantizar el derecho a la vivienda digna y el acceso a servicios públicos básicos para comunidades vulnerables.
En primera instancia, el Juzgado Segundo Administrativo de Yopal negó la nulidad al considerar que los actos se expidieron con base en la normativa vigente y que no era necesario modificar el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), dado que el asentamiento se encontraba en suelo suburbano y no en zona de protección especial.
Al resolver la apelación, el Tribunal coincidió con estos argumentos. Señaló que los reparos de la demandante no refutaron de manera específica la sentencia inicial y que, en consecuencia, debía mantenerse la presunción de legalidad de los actos administrativos.
Con esta decisión, la regularización del asentamiento El Triunfo queda en firme, cerrando un proceso judicial que enfrentó visiones contrapuestas sobre el alcance de las competencias del Concejo Municipal y el impacto de la legalización de barrios informales en Villanueva.
