Once médicos fueron condenados en Bogotá a penas de prisión superiores a seis años tras ser hallados responsables de obtener de manera irregular diplomas de una universidad en Brasil que los acreditaban como especialistas en cirugía plástica y estética.
Las sentencias fueron dictadas por jueces penales de circuito de la capital colombiana, luego de que la Fiscalía General de la Nación aportara pruebas que demostraban la presentación de documentación falsa para la convalidación de los títulos ante el Ministerio de Educación Nacional.
Los condenados son Víctor Manuel Jaramillo, Javier Locano Botero, Rodolfo Albeiro López, Giovanni Cortés, Marco Antonio Vergara, Gerardo Rojas Gómez, Alfredo Rodríguez Figueroa, María Mónica Martínez, Rubén Darío Arciniegas Martínez, Juan Fernando Abadía y Henry Diego Fernando Ortiz.
Según la investigación de la Fiscalía, los implicados presentaron certificados de estudios, registros académicos con 2.616 horas cursadas y constancias de prácticas en hospitales, entre otros documentos. Sin embargo, se determinó que no cumplieron con el requisito de cuatro años de presencialidad exigido por la universidad en Brasil, pues su estadía en ese país osciló entre 51 y 95 días.
Las penas y consecuencias:
Víctor Manuel Jaramillo, Javier Locano Botero y Rodolfo Albeiro López, fueron sentenciados a 6 años y 6 meses de prisión, además del pago de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Los otros ocho condenados, Giovanni Cortés, Marco Antonio Vergara, Gerardo Rojas Gómez, Alfredo Rodríguez, María Mónica Martínez, Rubén Darío Arciniegas, Juan Fernando Abadía y Henry Diego Fernando Ortiz, recibieron penas de 7 años de prisión y una inhabilidad de cinco años para ejercer funciones públicas.
El juez a cargo del caso ordenó la captura de los sentenciados para que cumplan sus condenas en centros carcelarios.
A raíz de este fallo, el Ministerio de Salud deberá actualizar el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS) con el fin de reflejar con precisión las especialidades médicas de los involucrados. Además, el Ministerio de Educación procederá con la cancelación de las resoluciones de convalidación de los títulos académicos.
