El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 en 23,7 % y otorgó al Gobierno un plazo de ocho días para expedir una nueva norma ajustada a criterios legales. La decisión fue adoptada este viernes 13 de febrero mediante una medida cautelar.
La determinación recae sobre el Decreto 1469, firmado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y los ministros de Trabajo y Hacienda. El alto tribunal ordenó suspender sus efectos mientras se estudia de fondo la demanda interpuesta contra la norma.
En su decisión, el Consejo de Estado dispuso que, dentro del plazo establecido, el Ejecutivo deberá expedir un nuevo decreto en el que se fije un porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal para 2026, así como el valor correspondiente para esta vigencia. Esa cifra regirá hasta que se emita una sentencia definitiva dentro del proceso.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que la decisión demuestra, en su criterio, que “no se le quiere ayudar a los menos favorecidos”. Señaló además que existe una “clase dirigente que tiene influencia en el Congreso y en las altas cortes” y que, por esa razón, no se estaría respaldando el aumento decretado.
El funcionario también sostuvo que, desde su perspectiva, se trata de una decisión política y no técnica. Añadió que el fallo podría tener consecuencias en el escenario electoral y que, en su opinión, la ciudadanía deberá evaluar qué sectores respaldan el salario mínimo vigente.
El tribunal indicó que para determinar el incremento deben considerarse variables económicas como el IPC a noviembre de 2025, ubicado en 5,3 %, la meta de inflación definida en 3 %, los niveles de productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional y el comportamiento del PIB.
El incremento del 23,7 % continuará aplicándose durante el plazo de ocho días otorgado al Gobierno. El nuevo decreto que se expida también tendrá carácter provisional mientras se adopta una decisión de fondo.
La medida no invalida los pagos ya efectuados, incluidos los correspondientes a enero, ni implica un efecto retroactivo automático. Los próximos desembolsos dependerán del contenido del nuevo decreto y de las decisiones posteriores del alto tribunal.
