Por hechos relacionados con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), investigados por el presunto delito de cohecho impropio, fueron enviados a un centro carcelario los congresistas Wadith Alberto Manzur Imbett y Karen Astrith Manrique Olarte. La Corte Suprema de Justicia dispuso su captura inmediata e impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, dentro del proceso judicial que adelanta por presuntas irregularidades asociadas a la gestión de recursos de esa entidad.
La decisión fue adoptada por la Sala de Instrucción del alto tribunal, que además resolvió llamar a juicio formal a ambos legisladores. Mientras avanza el proceso judicial, la Corte determinó que debían permanecer privados de la libertad en un centro carcelario, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos con los hechos que se investigan dentro del caso UNGRD.
Manzur Imbett, miembro del Partido Conservador, y Manrique Olarte, representante de las circunscripciones especiales de paz (CITREP), están siendo investigados por el presunto delito de cohecho impropio, una figura contemplada en el Código Penal colombiano que se configura cuando un servidor público recibe o acepta beneficios indebidos relacionados con el ejercicio de su cargo.
En términos jurídicos, este delito no necesariamente implica que el funcionario haya ejecutado directamente una acción ilegal, sino que haya aceptado o recibido ventajas indebidas vinculadas a su función pública. En el caso que investiga la Corte Suprema, los hechos estarían relacionados con presuntos beneficios entregados a congresistas en medio del esquema de contratación irregular detectado dentro de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
Dentro de la misma decisión judicial, la Corte también llamó a juicio a otros cuatro congresistas que deberán responder dentro del proceso penal. Se trata de Liliana Esther Bitar Castilla (Partido Conservador), Juan Pablo Gallo Maya (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal) y Juan Diego Muñoz Cabrera (Alianza Verde). A diferencia de Manzur y Manrique, estos legisladores no tienen medida de aseguramiento, pero seguirán vinculados a la investigación y deberán rendir explicaciones ante el alto tribunal mientras avanza el proceso.
El caso forma parte del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, una investigación que reveló presuntas irregularidades en la asignación de contratos y en el manejo de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y desastres naturales en el país. Las indagaciones han señalado que parte de estos recursos habrían sido utilizados para obtener apoyos políticos y favorecer acuerdos dentro del Congreso, lo que llevó a la apertura de procesos judiciales contra varios actores políticos.
La Corte Suprema de Justicia continúa adelantando las investigaciones para determinar el alcance de las responsabilidades dentro de este caso, considerado uno de los episodios recientes más relevantes relacionados con el manejo de recursos públicos destinados a la gestión del riesgo en Colombia.
