Una de las estructuras armadas más grande dedicada al narcotráfico en el país y el Gobierno Nacional confirmaron la reanudación de los acercamientos en busca de un diálogo que permita explorar una salida jurídica negociada. Con este anuncio, el Clan del Golfo entra junto al Ejecutivo en una nueva fase política enmarcada en la denominada “paz total” y se reactiva un proceso que había quedado en pausa tras operativos contra cabecillas del grupo.
Según un comunicado conjunto citado por Europa Press, un encuentro en Bogotá el pasado 9 de febrero contó con la solicitud y acompañamiento de España, Noruega, Qatar y Suiza, así como de la Conferencia Episcopal de Colombia. Las partes calificaron la reunión como “constructiva” y señalaron la importancia de mantener activo el proceso de movilización del también llamado Ejército Gaitanista de Colombia.
El proceso había sido suspendido meses atrás luego de operaciones coordinadas con autoridades internacionales para la captura de uno de los principales jefes del grupo. Esa situación generó tensiones y cuestionamientos sobre la continuidad de los acercamientos mientras se desarrollaban acciones militares. Con el anuncio reciente, el Ejecutivo señala que busca retomar conversaciones bajo acompañamiento y verificación, aunque sin que hasta ahora se haya confirmado un cese bilateral del fuego.
En términos prácticos, lo que se estaría discutiendo en esta fase exploratoria es si la estructura estaría dispuesta a desmantelarse, entregar información sobre rutas del narcotráfico y cesar actividades ilícitas a cambio de beneficios judiciales condicionados. Esto implica que cualquier avance dependerá de compromisos verificables y del cumplimiento de requisitos legales.
Analistas advierten que uno de los puntos centrales será definir el marco jurídico del proceso, si se tratará exclusivamente de un sometimiento a la justicia ordinaria o si se diseñará un esquema especial dentro de la política de paz total. El precedente más cercano en términos de desmovilización colectiva fue el proceso con las AUC en la década de 2000, aunque el contexto jurídico y político actual es distinto.
En el plano territorial, la reactivación de los diálogos genera expectativa en zonas donde la organización mantiene presencia histórica. Autoridades han reiterado que las operaciones contra actividades ilegales continúan, lo que plantea el desafío de equilibrar la presión militar con la construcción de confianza en la mesa.
Por ahora, no se ha anunciado una fecha concreta para una ronda formal de negociación. Lo que sí queda claro es que el Gobierno vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de desarticular a una de las principales estructuras criminales del país a través de una salida jurídica negociada, en medio de un escenario político y de seguridad que sigue siendo complejo.
