Colombia atraviesa el segundo día del paro armado de 72 horas decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mientras el Gobierno nacional mantiene un despliegue de seguridad y un llamado público a no paralizar la vida cotidiana. El presidente Gustavo Petro rechazó la medida, ordenó a la Fuerza Pública enfrentar al grupo armado y aseguró que el mensaje de la guerrilla no está dirigido contra actores internacionales, sino contra la población civil.
El paro armado comenzó el domingo 14 de diciembre y se extenderá hasta el miércoles 17, según el comunicado difundido por el ELN. En su anuncio, la guerrilla pidió a la ciudadanía abstenerse de movilizarse por carreteras y ríos, argumentando supuestas amenazas externas contra el país. La advertencia generó alertas en varias regiones donde el grupo mantiene presencia histórica.
Desde el Gobierno, el presidente Petro ordenó a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional actuar para garantizar la seguridad y proteger a la población. En sus declaraciones, insistió en que la instrucción es enfrentar al ELN y evitar que el paro afecte las actividades económicas y sociales, especialmente en el inicio de la temporada navideña. El mandatario llamó a los ciudadanos a no ceder ante las amenazas y a mantener la normalidad.
Las autoridades activaron planes de contingencia y reforzaron la presencia institucional en corredores estratégicos. Organismos de control y entidades territoriales fueron instados a garantizar atención humanitaria y acompañamiento a comunidades vulnerables, ante el riesgo de restricciones de movilidad o hechos violentos asociados al paro.
Aunque el ELN no ha detallado municipios específicos, se han reportado afectaciones y alertas en zonas de la Costa Caribe, el suroccidente del país, el Catatumbo y otros territorios con presencia del grupo armado. En algunas regiones se registraron cierres temporales de vías y hallazgos de artefactos sospechosos, lo que obligó a operativos de seguridad preventiva.
A nivel internacional, el Gobierno colombiano ha buscado dejar claro que el paro armado no responde a decisiones de actores externos ni a conflictos diplomáticos, sino que constituye una acción del ELN contra el orden interno. El Ejecutivo reiteró que su prioridad es proteger a la población y evitar que la amenaza armada genere parálisis social o económica.
El paro armado ocurre en un momento de tensión en el escenario de seguridad nacional y mientras continúan los debates sobre la política de paz y la respuesta del Estado frente a los grupos armados ilegales. Las autoridades anunciaron que mantendrán el monitoreo permanente de la situación hasta la finalización del periodo anunciado por el ELN.
