La Fiscalía General de la Nación decretó medidas cautelares sobre dos oficinas de una petrolera internacional de origen francés, investigada por presuntamente financiar a grupos paramilitares en Casanare entre 1997 y 2005. Es la primera vez que en Colombia se embargan bienes de una empresa extranjera por este tipo de vínculo.

Las oficinas, ubicadas en el centro financiero de Bogotá, tienen un valor comercial estimado en 41.318 millones de pesos (unos 10 millones de dólares) y fueron entregadas al Fondo para la Reparación de las Víctimas, entidad que las administrará para su eventual uso en procesos de indemnización a personas afectadas por el conflicto armado.

La medida fue adoptada por un magistrado con funciones de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, tras solicitud de la Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía. El proceso incluyó el análisis de documentos corporativos, el uso de herramientas de análisis criminal y la colaboración con la Red de Recuperación de Activos del GAFILAT.

Según el expediente, antiguos comandantes del bloque Centauros de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia, entre ellos Daniel Rendón Herrera y Manuel de Jesús Pirabán, declararon que la empresa habría proporcionado recursos como dinero, combustible y transporte a cambio de protección armada en zonas de explotación petrolera.

La Fiscalía destacó que la investigación permitió acreditar que directivos de alto nivel autorizaron los pagos irregulares. Esta decisión judicial marca un precedente en la persecución de bienes vinculados al financiamiento del paramilitarismo y abre la puerta a nuevos procesos contra actores económicos que hayan facilitado la expansión de estructuras armadas ilegales en Colombia.

Fuente: Fiscalía General de la Nación