En las últimas semanas, comunidades rurales de Tauramena y Villanueva han reportado hechos de inseguridad que han generado preocupación entre sus habitantes. Hurtos a fincas, incursiones de hombres armados y mensajes ambiguos sobre su identidad han sido parte del panorama en la región.
Según la información recopilada por las autoridades, al menos tres hechos han ocurrido en el último mes en la vereda Piñalito Alto, en Tauramena. El primero de ellos, el 16 de enero, involucró a un grupo de delincuentes que vestían prendas similares a las de la Fuerza Pública y que intentaron hurtar en una finca. Gracias a la reacción de la comunidad, la Policía y el Ejercito fueron capturados tres de los responsables.

Posteriormente, el 5 de febrero, cuatro sujetos armados ingresaron a otra finca en la misma zona, amordazaron a sus ocupantes y lograron escapar sin ser detenidos. Días después, el 9 de febrero, una patrulla de la Policía recibió información sobre la presencia de ocho hombres armados en un establecimiento del sector, quienes habrían dicho ser parte de la Segunda Marquetalia.
Más recientemente, el 11 de febrero, en una finca cercana al corredor vial Los Gemelos – Santa Helena, esto ya en Villanueva, un grupo de cuatro sujetos armados irrumpió preguntando por el dueño del predio. Al verlo llegar en su camioneta, le dispararon, aunque sin lograr impactarlo.
Si bien en algunos de los hechos reportados los agresores se identificaron como integrantes de estructuras armadas ilegales, las autoridades han sido cautelosas al confirmar su presencia en la zona. Según la comandante del Segundo Distrito de Policía de Casanare, Mayor Catalina Riascos, hasta el momento no hay pruebas concluyentes de que los responsables pertenezcan a grupos organizados. La hipótesis que manejan es que podría tratarse de delincuencia común operando bajo esa imagen para intimidar a la población.
La Alerta Temprana 016 de 2024 de la Defensoría del Pueblo advirtió que en municipios como Tauramena y Villanueva se registra presencia y tránsito de grupos armados ilegales, incluyendo facciones de la Segunda Marquetalia, ELN, AGC y reductos de las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC). Además, el documento menciona que en estos municipios se han reportado casos de extorsión contra sectores productivos y comerciales. Aunque las autoridades han manejado los hechos recientes como casos de delincuencia común, la alerta temprana ya había puesto sobre la mesa la posibilidad de que actores armados o grupos delincuenciales intentaran fortalecer su control territorial en la región.

Frente a esta situación, las autoridades han implementado medidas para reforzar la seguridad en la zona. Se han fortalecido los patrullajes conjuntos entre Ejército y Policía, con apoyo logístico de empresas presentes en la zona. Además, se está organizando una reunión intermunicipal con alcaldes de Casanare y Meta, en la que se buscará articular esfuerzos para enfrentar esta problemática y gestionar recursos adicionales en materia de seguridad.
Adicionalmente, se han realizado encuentros con las comunidades afectadas, instándolas a mantener comunicación con las autoridades y denunciar cualquier hecho sospechoso. No obstante, desde la Policía se reconoce que el miedo y la desconfianza pueden dificultar la colaboración ciudadana en estas zonas. Por ahora, la situación sigue en evaluación y las investigaciones avanzan para determinar si estos hechos están conectados entre sí y quiénes estarían detrás de ellos.

