El Congreso de la República estudia un proyecto de ley que busca imponer sanciones de prisión a las personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas. La propuesta, presentada por congresistas de distintas bancadas, pretende modificar el Código Penal para que esta conducta sea considerada un delito de peligro común, incluso cuando no haya víctimas.
Según el texto radicado, quienes sean sorprendidos con un grado de alcoholemia igual o superior al nivel 2, o bajo influencia de drogas, podrían enfrentar penas entre 24 y 48 meses de prisión, además de multas económicas y la suspensión de la licencia de conducción. También se contempla el embargo del vehículo implicado para garantizar la reparación de las víctimas en caso de siniestro vial.
El debate sobre el endurecimiento de las sanciones cobró fuerza tras varios hechos ocurridos en Bogotá en los últimos días. La noche del pasado martes 11 de noviembre, en la localidad de Kennedy, un conductor en presunto estado de embriaguez arrolló a varios motociclistas y fue posteriormente agredido por una multitud que lo persiguió y golpeó hasta causarle la muerte, según informó la Policía Metropolitana de Bogotá.
Días antes, un taxista bajo los efectos del alcohol atropelló a once personas en el sur de la ciudad, entre ellas una menor de 15 años que falleció posteriormente. El conductor, identificado por las autoridades, registró grado 2 de alcoholemia y se encontraba fuera del horario permitido de circulación.
Estos casos recientes han reavivado la discusión sobre la responsabilidad penal de los conductores en estado de embriaguez y la necesidad de medidas más estrictas para prevenir tragedias viales. Según cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el consumo de alcohol y drogas continúa entre las cinco principales causas de accidentalidad en el país.
El proyecto de ley avanza en la Comisión Primera del Congreso y requerirá cuatro debates para su aprobación definitiva. De ser sancionado, convertiría la conducción en estado de embriaguez en un delito con sanción penal directa, sin posibilidad de excarcelación mediante multa.
