Un reportaje revelado por Noticias Caracol expuso la existencia de reuniones, audios y contactos que vincularían al entorno de alias “Papá Pitufo”, identificado como Diego Marín Buitrago, con personas que se habrían presentado como emisarios del Gobierno nacional. Las grabaciones, que hacen parte de un expediente judicial, dan cuenta de encuentros sostenidos en 2025 entre el abogado del señalado contrabandista y funcionarios o exfuncionarios, en conversaciones donde se plantean posibles escenarios de sometimiento a la justicia y eventuales beneficios judiciales.
Dentro de los elementos expuestos, se menciona un encuentro entre el abogado Luis Felipe Ramírez y Jorge Lemus, quien para ese momento se desempeñaba como director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), así como reuniones registradas en video en ciudades como Cartagena. En los audios conocidos se habla de posibles gestiones para facilitar un acercamiento con autoridades judiciales, pese a que este tipo de competencias no corresponden a organismos de inteligencia.
El material también recoge afirmaciones del abogado del contrabandista, quien señala que su cliente habría tenido contacto con varias personas que se presentaban como emisarios del Gobierno. Entre los nombres mencionados aparece Ramón Devesa, empresario de origen catalán con actividades en el país; Isaac Beltrán, quien se desempeñó como asesor de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF); y Augusto Rodríguez, actual director de la Unidad Nacional de Protección (UNP). En estas conversaciones se hace referencia a la posibilidad de entregar información sensible, así como a eventuales gestiones relacionadas con seguridad en regiones como Buenaventura y Tuluá, lo que amplía el alcance de los contactos más allá de un eventual proceso judicial.
Frente a este panorama, la fiscal general Luz Adriana Camargo advirtió que, de confirmarse este tipo de actuaciones, podrían constituir extralimitaciones o incluso usurpación de funciones, al tratarse de asuntos que corresponden exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación.
Tras la publicación del reportaje, Jorge Lemus señaló que sostuvo una reunión con el abogado de alias “Papá Pitufo”, pero aseguró que se trató de un encuentro informal, sin compromisos institucionales ni alcances oficiales, indicando que no existió ningún tipo de negociación. Por su parte, Isaac Beltrán reconoció haber tenido contacto con el señalado contrabandista en España, aunque afirmó que estos encuentros eran conocidos por instancias del Gobierno y que no hacían parte de ninguna gestión irregular. En la misma línea, Augusto Rodríguez negó cualquier vínculo con el caso y aseguró que no ha participado en reuniones ni intermediaciones relacionadas con alias “Papá Pitufo”.
Desde la Presidencia, el pronunciamiento fue emitido a través de la Oficina de Comunicaciones Estratégicas en nombre del presidente Gustavo Petro, en el que se indicó que “todo contacto de inteligencia se permitió para traer a Marín a Colombia y ese fue el único y exclusivo propósito”. En el mismo comunicado se señala que “varios agentes de inteligencia aprovecharon eso fue para pedir dinero, lo cual no es permitido”, razón por la cual, según el texto, dichas personas ya no hacen parte de las entidades.
El pronunciamiento también afirma que “por eso no está el señor Marín en Colombia respondiendo ante las autoridades” y cuestiona decisiones dentro del proceso judicial al señalar que “la Fiscalía determinó unos cargos que lo excarcelan por solo investigar desde el 2023 en adelante”. En ese mismo sentido, se indica que el presidente considera que “la decisión de la fiscal del caso de sólo investigar a partir del 2023, cuando Marín lleva 38 años delinquiendo con una fuerte infiltración en el Estado, le demostró que la Fiscalía sólo quería perseguir al Gobierno”.
Finalmente, desde Presidencia se aseguró que el mandatario “cree seriamente que existió un pacto entre la Fiscalía General y los directores del DNI para no traer a Marín a Colombia y más bien aprovecharlo”, y se agregó que, por el momento, no se emitirán nuevos pronunciamientos sobre el tema.
Las revelaciones y las respuestas conocidas hasta el momento configuran un escenario en el que coinciden audios, versiones y posiciones institucionales, sin que hasta ahora existan conclusiones judiciales definitivas. El caso continúa en desarrollo, mientras se evalúa el alcance de los contactos, la veracidad de los señalamientos y las posibles responsabilidades derivadas de estos hechos.
