En el marco del proceso judicial que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, representantes de las víctimas presentaron una recusación formal contra el magistrado Carlos Roberto Solórzano, recientemente asignado como ponente en la etapa de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La solicitud busca que Solórzano se aparte del examen de los recursos del caso por un posible conflicto de interés que, según los promoventes, comprometería su imparcialidad.

El magistrado Solórzano fue designado en días recientes como presidente de la Sala Penal del alto tribunal y, con ello, como encargado de definir si los recursos extraordinarios de casación presentados por la Fiscalía y los representantes de las víctimas cumplen con los requisitos para ser admitidos y estudiados de fondo.

La recusación contra el togado fue presentada por Miguel Ángel del Río y Reinaldo Villalba, representantes de algunas de las víctimas aceptadas en el proceso, quienes argumentan que la imparcialidad del magistrado podría estar en duda debido a la vinculación laboral de su hijo con la oficina del procurador Bladimir Cuadro, funcionario que en una etapa anterior del caso solicitó, en su rol institucional, no continuar con la acción penal contra Uribe.

Según lo planteado en el escrito, la cercanía familiar del magistrado con un integrante de la Procuraduría que participó activamente en el expediente podría generar dudas razonables sobre la independencia con la que Solórzano llevaría a cabo la ponencia sobre la casación. Esto, a juicio de los representantes de las víctimas, afecta las garantías procesales en un caso que ha tenido un alto impacto público y político en el país.

La presentación de la recusación pone de manifiesto un nuevo capítulo en este prolongado proceso, que ha atravesado múltiples etapas desde que la absolución en segunda instancia dictada por el Tribunal Superior de Bogotá fue sometida a revisión por parte de la Corte Suprema de Justicia. El recurso de casación busca que el máximo tribunal reexamine ese fallo, que revocó una condena inicial y dejó sin efecto la pena de 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Ahora, la decisión sobre la petición de apartar al magistrado ponente recaerá en el propio magistrado Solórzano, quien deberá resolver si acepta la recusación. De no hacerlo, la recusación podría ser objeto de un nuevo recurso que los magistrados de la Sala de Casación Penal tendrían que considerar en conjunto. En cualquier caso, el desarrollo de este trámite será observado con atención debido al contexto judicial y político que rodea al caso del expresidente Uribe.