El Proyecto de Acuerdo Municipal 016 del 12 de agosto de 2025, que busca facultar al alcalde de Villanueva para adelantar procesos de legalización y regularización urbanística de asentamientos humanos informales, será discutido mañana en primer debate en la plenaria del Concejo Municipal. La iniciativa, presentada por el concejal Juan Carlos Caldas y con ponencia del concejal José María Téllez, enfrenta cuestionamientos sobre su validez jurídica antes de entrar a votación.

El abogado Elkin Almonacid remitió un oficio al Concejo en el que expone los argumentos con los que busca advertir sobre posibles vicios en el trámite. Entre ellos, resalta que la competencia para presentar este tipo de proyectos correspondería de manera exclusiva al alcalde, y no a los concejales. Según su análisis, la delegación de facultades ejecutivas no podría originarse en la corporación, ya que ello contravendría la separación de funciones establecida en la Constitución entre el Concejo, como órgano normativo, y la Alcaldía, como autoridad administrativa.

Otro de los puntos señalados es que la aprobación del acuerdo no significaría la legalización automática de predios. Cada asentamiento tendría que someterse a un procedimiento técnico y jurídico, en el marco de lo establecido por el Decreto 1077 de 2015 y normas complementarias. Almonacid advierte que, en este sentido, el proyecto podría generar expectativas que no corresponden a los alcances reales de la medida.

El abogado también mencionó la existencia de medidas cautelares en curso dentro de una acción popular, lo que, a su juicio, refuerza la necesidad de evaluar con mayor precaución la iniciativa para evitar choques con decisiones judiciales vigentes. Con estos elementos, Almonacid solicita que la plenaria tenga en consideración sus observaciones antes de tomar una decisión sobre el futuro del proyecto.

No obstante, voces señalan que si bien los argumentos de Almonacid tienen sustento técnico y legal, no necesariamente afectan la naturaleza del proyecto. Aclaran que los concejales no legalizan predios directamente, sino que otorgan facultades al alcalde, quien es el encargado de adelantar los procesos de revisión, verificar el cumplimiento de la normativa y decidir si procede o no la legalización de cada caso.

De esta forma, el debate en plenaria se perfila como un escenario decisivo no solo para la viabilidad política del proyecto, sino también para determinar si las advertencias jurídicas logran incidir en la discusión o si el trámite avanza hacia etapas posteriores.