En la mañana del pasado 2 de diciembre, funcionarios de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UDMO) y la Personería Municipal de Barranca de Upía llegaron al sector de Matejumo para atender una situación que venía generando inquietud entre autoridades y habitantes, el interés de un amplio grupo de familias en asentarse en un predio rural cuya propiedad está definida jurídicamente, pero con antecedentes particulares en un pequeño grupo de residentes.
De acuerdo con la comunidad, alrededor de 200 familias habían manifestado su intención de establecerse en el área. Esa cifra no corresponde al número de personas presentes durante la intervención, sino a la magnitud del proceso que se venía comentando en semanas previas.
Durante el acompañamiento, la Inspección de Policía informó que 13 viviendas aparecen asociadas a documentos de compra–venta firmados, al menos, desde hace seis años con el antiguo propietario, César Rincón, fallecido hace dos años. Este antecedente es parte de un proceso jurídico aparte dentro del proceso administrativo en curso.
La UDMO explicó que su actuación se desarrolló bajo el artículo 81 de la Ley 1801, orientado a prevenir alteraciones del orden y facilitar el diálogo en ocupaciones informales. Su intervención se concentró en escuchar a la comunidad, aclarar el alcance legal de los documentos existentes y evitar tensiones innecesarias que produjeran confrontaciones entre grupos.
Fueron los mismos propietarios del predio quienes realizaron las respectivas denuncias al presentar documentación que acredita su derecho de dominio sobre el terreno y alertar sobre el asentamiento de personas sin autorización. Esa solicitud fue la que activó el protocolo institucional de acompañamiento y presencia en el sitio.
El alcalde de Barranca de Upía, Fredy Castro, señaló que la intervención buscó evitar que un conflicto por tierras terminara escalando hacia situaciones judiciales para los habitantes de Barranca de Upía. Explicó que entre los ocupantes había personas que creían —por versiones erradas que circularon en el sector— que el predio no tenía propietario. Sin embargo, los dueños se presentaron con documentos y radicaron las actuaciones legales, lo que obligó a la administración a hacer cumplir la norma.
Frente al grupo de familias que afirma haber adelantado procesos de compra con el antiguo propietario fallecido, el mandatario indicó que serán los abogados y las autoridades competentes quienes revisen esos documentos y determinen su validez. Recalcó que la Alcaldía no puede anticipar conclusiones sin el análisis jurídico correspondiente y que su deber es garantizar orden, evitar ocupaciones irregulares y proteger a la comunidad de posibles problemas legales derivados de permanecer en predios que cuentan con propietarios plenamente identificados.
Redactado por: Aldair Cuartas
