La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y citó a indagatoria a la senadora Isabel Cristina Zuleta López por el presunto delito de abuso de función pública, debido a su participación en un procedimiento realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota de Bogotá, donde fue incautada un arma de fuego a partir de información suministrada por Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’.
La investigación busca establecer si Zuleta excedió las funciones y competencias que tenía como coordinadora del Gobierno Nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá. Su designación para esta labor había sido formalizada mediante las resoluciones 452 de 2024 y 123 de 2026 de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El episodio ocurrió cuando la congresista ingresó a La Picota acompañada por funcionarios de la Fiscalía durante un procedimiento relacionado con información sobre un presunto plan para atentar contra otro recluso. En ese contexto, alias ‘Pipe Tuluá’ habría suministrado información que permitió ubicar un arma de fuego dentro del establecimiento penitenciario.
Posteriormente fueron divulgados videos en los que se observaba a Zuleta durante el procedimiento y recibiendo el arma. Su participación generó cuestionamientos sobre las competencias que tenía para intervenir en una actuación de estas características y abrió una discusión alrededor de su papel como representante del Gobierno en los acercamientos con estructuras criminales.
Zuleta defendió entonces su actuación y aseguró que había acompañado el procedimiento en condición de observadora de paz, argumentando que buscaba contribuir a proteger la vida del gestor de paz que presuntamente sería objeto del atentado. El Gobierno calificó en ese momento la entrega del arma como un gesto relacionado con el proceso de paz.
Alias ‘Pipe Tuluá’ fue posteriormente extraditado a Estados Unidos. Ahora, la Corte Suprema deberá determinar dentro de la investigación si la intervención de la senadora durante aquel procedimiento estuvo dentro de las competencias que le habían sido asignadas o si pudo configurarse el presunto delito de abuso de función pública. La citación a indagatoria hace parte del desarrollo de la investigación y no implica una declaración de responsabilidad penal.
